El cultivo y comercio del tabaco en México fue uno de los más redituables durante la primera mitad del siglo XIX, cuyo control generó disputas entre los gobiernos nacionales y estatales. Las entradas económicas que prometía incitaron el establecimiento de mecanismos que, heredados del antiguo régimen, pudieran garantizar su monopolio y, al mismo tiempo, sirvieran como soporte para sanear las arcas públicas dañadas por los 11 largos años de lucha independentista. Dichas medidas afectaron a los productores locales, que habían encontrado en esta actividad de cultivo y comercio una forma de sustento que atendía intereses particulares, políticos, económicos y sociales; de este modo, y como respuesta a la prohibición estatal, surgieron alternativas, como el contrabando, que garantizaban la continuidad y participación de los viejos productores en la jugada. Pese a ello, las políticas de persecución en contra de los traficantes y la ineficacia del gobierno para hacer llegar el producto legal a sus destinatarios ocasionaron que tanto contrabandistas como consumidores recurrieran a medidas más violentas para exigir la libre circulación de la rama en sus respectivas regiones, como lo fue en la zona geográfica denominada Sierra Gorda.
En las siguientes líneas se abordarán las disputas por el control del tabaco en México y las consecuencias que ello desató en la región serrana, una zona de constantes conflictos bélicos, donde el contrabando fue una actividad que tuvo gran aceptación y participación entre sus habitantes. Por ejemplo, cuando las políticas de los gobiernos del régimen independiente violentaron el tránsito libre del tabaco local en 1837, tanto los consumidores como los contrabandistas optaron por tomar las armas en su defensa y se sumaron a una rebelión armada que por entonces encabezaba el líder federalista Cristóbal Mejía. Así pues, en este trabajo se busca indagar en los orígenes de esta disputa y en las repercusiones y respuesta que ello generó dentro de la serranía. Del mismo modo, se trata de averiguar si las medidas que tomaron los inconformes para garantizar su mercado tuvieron relevancia para la región y si con ello lograron sus objetivos.
La hipótesis que aquí se sostiene es que el consumo de tabaco fue una actividad cotidiana entre los pueblos de la Sierra Gorda desde la época virreinal, y que con el paso del tiempo llegó a ser parte importante de la economía regional y de sus costumbres. Frente a la prohibición, los serranos encontraron en el contrabando una alternativa que garantizaba la continuidad del mercado interno y que, debido a la ineficiencia de las autoridades para frenar su circulación, pronto se convirtió en un negocio prometedor.
Sin embargo, una vez intensificada su persecución en 1837, los tabacaleros recurrieron a las armas y aprovecharon la coyuntura política por la restauración del sistema federal que encabezaba Cristóbal Mejía desde la sierra, para sumarse a su rebelión y, desde una trinchera más amplia, ejercer presión sobre el gobierno para que éste diera por terminada la prohibición.
La historiografía queretana con respecto a la actividad tabacalera es escaza, pues tan sólo existe el estudio realizado por Carmen Imelda González, en el que analiza el proceso de consolidación de la industria tabacalera durante el virreinato.
¿Qué se entiende por contrabando? Siguiendo a Muriel Laurent, la palabra contrabando proviene del latín
Es importante esclarecer que el contrabando, como proceso, engloba al menos tres actividades ilícitas a realizar que, como categorías de análisis, utilizaremos en este texto: la
El concepto que ayudará a comprender el segundo proceso de nuestro objeto de estudio es el de rebelión rural de John Coastworth, entendido como un “comportamiento colectivo, en un espacio en donde predomina el campo y no la urbanidad, que busca de manera defensiva la inalterabilidad de sus condiciones materiales, organización social o posición política”,
Para la elaboración de esta investigación se consultaron diversos acervos documentales: del Archivo Histórico del Estado de Querétaro y el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí se recopiló correspondencia entre autoridades, y bandos, que ayudaron a la comprensión del proceso de estanco y sus repercusiones negativas sobre la región de estudio; en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional se localizaron partes militares que dan cuenta del levantamiento serrano de 1837 y que permitió visualizar la participación de los tabacaleros locales dentro del movimiento.
La actividad monopólica del tabaco en la Nueva España comenzó durante los últimos años del siglo xviii, debido al estado de guerra en que se encontraba Europa y en el cual estaba inmiscuida la Corona española. Para hacer frente a los gastos que le significaba el conflicto bélico, la nueva casa reinante de Borbón implementó una política de centralización hacia sus territorios, que abarcó a los de ultramar, con el objetivo de reorganizar el erario y para lo cual incluyó el establecimiento de una serie de monopolios que garantizaban una mayor entrada a las arcas reales, siendo el tabaco uno de sus objetivos principales.
El producto de tabaco del continente americano era ya para esa época una de las mercancías más exitosas en cuanto a su exportación, y su mercado se expandía en países como España, Portugal e Inglaterra, en Occidente, así como Japón, Corea, Manchuria y Rusia hacia el Oriente.
El monopolio novohispano fue establecido en 1765 por el visitador y representante de la monarquía hispánica José de Gálvez. Con este decreto, el cultivo quedó limitado a las zonas del Golfo de Córdova, Orizaba, Huatusco y Zongolica, ubicadas todas en el hoy estado de Veracruz, por tanto, todo producto proveniente de algún otro punto del territorio, o del exterior, fue considerado como ilegal. Como resultado de ello, antiguos espacios productores quedaron fuera de la jugada, hecho que no tardó en generar algunos actos de oposición.
El control del tabaco que ejercía la Corona española sobre el territorio novohispano no se limitó a la prohibición de su cultivo, por lo que pronto arrancó la segunda etapa en el proceso del estanco. Ésta consistió en el establecimiento de reales fábricas de tabaco que se encargarían de la manufactura de la rama proveniente del Golfo y que se instauraron en la Ciudad de México, Oaxaca, Guadalajara, Querétaro, Veracruz, Puebla y Orizaba, en ese orden, mientras que los establecimientos “estanquillos”, desplegados por todo el territorio, fueron los encargados de la venta del producto.
Ahora bien, no quiere decir que no hayan existido beneficiarios más allá de la Corona con la práctica monopólica pues, en lo que se refiere al cultivo, existe evidencia de que algunas familias del Golfo, anteriores productoras de tabaco, obtuvieron concesiones por parte del gobierno hispánico con el objetivo de abastecer a las reales fábricas. Este fue el caso, por ejemplo, de la familia Garmendia. En 1808 el señor Josef Manuel Garmendia obtuvo el beneficio exclusivo para la siembra de tabaco de las villas de Córdoba y Orizaba, esto en la intendencia de Veracruz, lo que seguramente le redituó grandes ganancias y experiencia, pues esta ventaja pudo haber sido determinante para que años más tarde, ya en el México independiente, dicha familia adquiriera una visión más empresarial.
En Veracruz, los indios totonacas de la región de Papantla encabezaron algunos movimientos armados que pretendían presionar a las autoridades para que se les permitiera continuar con su actividad de cultivo, pues ésta se había convertido en una importante fuente de supervivencia para los locales, aunque sus esfuerzos generaron pocos resultados y, como consecuencia, se abrió paso al contrabando como una estrategia que parecía ser la más prometedora.
Durante el movimiento de independencia, los sitios de cultivo en el Golfo fueron severamente afectados, y con ello se dificultó la llegada de tabaco a las fábricas reales para continuar con su proceso de manufactura. Además, los recursos generados por el estanco fueron destinados para la guerra y no para dar continuidad a la industria tabacalera, por lo que no se pudo sostener la demanda por mucho tiempo. Debido a ello, algunas fábricas destinadas a este producto enfrentaron varios conflictos y tuvieron que cerrar sus puertas pocos meses después de iniciada la revuelta.
Con la obtención de la independencia, México tuvo que enfrentar nuevos retos políticos, económicos y sociales, pues los constantes levantamientos y pronunciamientos armados dificultaron la labor gubernamental para establecer un proyecto viable de Estado, e hicieron imposible la recuperación de las arcas públicas. Dentro de este contexto, el tabaco se convirtió nuevamente en manzana de la discordia, pues los gobiernos, tanto locales como nacionales, consideraron su control como una posible fórmula para sanear sus economías.
José Antonio Serrano ha destacado cómo, durante los primeros años del México independiente, se desató una lucha de poder entre el gobierno general y los estados por el control del tabaco, que se sumó a la exigencia de estos últimos del sostenimiento de sus libertades y autonomía locales:
[…] los gobiernos estatales y el gobierno nacional buscaron apropiarse del estanco para lograr fines contrapuestos; el primero para expandir su base fiscal y, por consiguiente, contar con suficientes recursos, con el fin de consolidar y ampliar su dominio político y militar en el país, mientras que las oligarquías regionales, para conservar y apuntalar la autonomía política y militar lograda durante la guerra de independencia y a raíz de la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812 y 1820.
Aunque la lucha por el tabaco entre ambos niveles de gobierno no se resolvió sino de manera esporádica, finalmente, en 1824, en el contexto del establecimiento de la primera Constitución federal, se optó por un control compartido: mientras el gobierno nacional adquirió los derechos sobre la producción de la rama, los estados obtuvieron el control sobre la manufactura y distribución.
A pesar de esto, y aunque las autoridades queretanas parecían tener mayor control de la distribución de tabaco en las plazas centrales, en el lejano territorio de Sierra Gorda, ubicado al noreste del estado, no lograron la misma efectividad, pues el producto potosino denominado comúnmente como “el Xilitla”, nuevamente en activo, se expandió por la Huasteca y las zonas serranas de Querétaro y Guanajuato, gracias a la efectividad de los traficantes y a la complicidad de los consumidores (véase
Por ello, en 1825 el prefecto de Jalpan, la plaza más céntrica e importante de la serranía queretana, reportó a las autoridades gubernamentales la situación de contrabando que se padecía en aquellos puntos:
Escandaloso es el contrabando de tabaco que hay en todos los pueblos de este distrito con motivo a la inmediación en que están al de Xilitla, que es el emporio de este comercio y de que son el tránsito forzoso a los contrabandistas que se desprenden de varias partes con el reprobado intento de surtirse de aquel efecto.
Los alcaldes no se atreven a celar el contrabando, porque el emprenderlo por sí solo sería el arrojo más visible y el acudir a los vecinos apellidando socorro, no sería otra cosa que encontrar medrosos, que, escarmentados de los expuestos se han visto en las veces que han dado auxilio a la justicia para este intento y otros que han sido menester huyen de reiterarlo con el pretexto de ser sus fuerzas incapaces de competir con las que reúnen entre sí los contrabandistas y por el denodado empeño con que se defienden de los que se resuelven a perseguirlos.
Los receptores que hay en otros pueblos, están dominados de la osadía de los contrabandistas que tropezando con ellos a cada paso en los caminos y mercados tienen que ladearles el rostro para evitar la ocasión de reconvenirlos y de que ésta sea un pretexto que al desabrigo de los recursos conceda la lisonja de satisfacer la venganza que les tiene ofrecida.
Como podemos corroborar en este testimonio, el contrabando en la serranía comenzaba a generar varias dificultades, pues no sólo la llegada de la rama potosina al estado era una preocupación para las autoridades, además de ello se encontraba la amenaza que representaban las fuerzas que podían reunir los traficantes para respaldar sus actos, ya que llegaban incluso a intimidar a los celadores del orden. Lo anterior confirma que para esta época el tabaco había adquirido gran popularidad entre los serranos y se había convertido en un importante negocio que redituaba generosas ganancias para quienes se atrevían a participar en él, por tanto, no es de sorprender que no haya faltado quien estuviera dispuesto a afrontar el riesgo. Lo anterior explicaría por qué los vecinos serranos estaban tan dispuestos a sumarse a las filas de los contrabandistas, pues podían garantizar su llegada a la región para el consumo y de paso ganar una entrada económica. Por supuesto ésta no sería la única ocasión en que confabularían ambos intereses.
La falta de control sobre el contrabando en todo el territorio nacional llevó a los estados a exigir la concesión absoluta sobre la producción de tabaco bajo el argumento de que, de manera compartida, no se podían establecer leyes funcionales que frenaran esta actividad ilícita. Esta presión orilló al gobierno nacional a establecer una nueva ley, en 1829, que otorgó el control absoluto del producto a los territorios a cambio de un pago de medio real por cada libra de venta.
Aunque la nueva normativa finalmente benefició a los territorios, y con ello se reafirmaron las libertades locales, los hechos políticos que continuaron alteraron nuevamente el panorama, abriendo una vez más la contienda por el control del tabaco. En 1833, el gobierno liberal de Gómez Farías suprimió los estancos estatales y declaró la venta libre de este producto dejando a los estados sin las importantes entradas que les redituaba.
Para hacer frente a la crisis económica que continuaba en el país, los gobiernos en turno debieron tomar decisiones drásticas y hacer uso de cualquier estrategia que les permitiera mantener la estabilidad nacional, aunque fuera de manera esporádica. El préstamo forzoso era un recurso que había utilizado la Corona española y del cual el gobierno mexicano también intentaría hacer uso; no obstante, aquellas fuentes de crédito ya no estaban a su disposición pues los ricos hacendados españoles se habían retirado con sus fortunas durante las expulsiones de 1827 y 1829, y la Iglesia, principal prestamista de régimen virreinal, había sido una de las más afectadas por la guerra de independencia y por tanto se encontraba escaza de fondos. Debido a ello, sólo quedaban opciones como el pequeño grupo de comerciantes locales y regionales que no estaban dispuestos a ceder sus riquezas sin garantía alguna. Fue su visión, oportunismo y facilidad de negociación lo que los llevó a pasar de pequeños inversionistas a grandes empresarios.
Ante la imposibilidad de obtener ingresos, los gobiernos mexicanos acudieron a estos personajes para sostener sus guerras, ya fueran internas o en contra de otros países invasores. Sin embargo, no siempre pudieron saldar sus deudas, por lo que los prestamistas obtuvieron grandes beneficios y concesiones particulares: permiso exclusivo de importación de algodón, explotación de minas, estancos de sal y uno de los más importantes, el del tabaco.
El 19 de noviembre de 1837 se otorgó el estanco de tabaco a la compañía del licenciado Manuel Castañeda; éste recibió del Banco Nacional de Arrendamiento del Estanco la concesión del mismo en los territorios de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Para hacer saber lo anterior, el ministerio de Hacienda dio aviso a todos los departamentos,
1a. Desde la fecha en que se haga la respectiva publicación, queda estancado el ramo de tabaco en el departamento de Veracruz. 2a. En consecuencia a la disposición todos los que tengan existencias de tabacos en dicho departamento le manifestarán al empresario D. Manuel Castañeda y Nájera y compañía, sus agentes y no podrán extraerlas sino con guías expedidas por la compañía ni venderlas al interior del departamento sino al mismo empresario. 3a. En los departamentos de México, Puebla y Oajaca [sic], el estanco de tabaco comenzará a efectuarse el día 7 de febrero de 1838 concediéndose el tiempo intermedio para el consumo de las existencias que actualmente se haya en los referidos departamentos. 4a. Pasado el término fijado en el artículo anterior los que tuviesen existencia en los departamentos de México, Puebla y Oajaca por no haberlas podido consumir estarán obligados a extraerlas. 5a. Desde la publicación de estos artículos en el departamento de Veracruz y desde febrero en los de México, Puebla y Oajaca queda prohibida, bajo pena de comiso, queda prohibida toda introducción de tabacos que no se hagan en guías y a la consignación del Licenciado Castañeda y compañía y sus administradores.
A pesar de que el departamento queretano quedaba lejos de estos espacios, que históricamente habían sido grandes productores de tabaco, en especial Veracruz, podemos ver que el gobierno nacional no descartaba la probabilidad de que con esta medida pronto se desatara el contrabando en otros puntos de la república, pues éste era un problema que no se había podido combatir eficazmente durante el virreinato y tampoco durante el México independiente.
La siguiente concesión en manos de particulares tuvo lugar poco tiempo después; esta vez la obtuvieron algunos empresarios que, ligados al gobierno y actuando como prestamistas, comenzaban a acrecentar sus fortunas y sus nombres; entre ellos figuran Cayetano Rubio y Manuel Escandón, dos importantes hombres visionarios que estuvieron implicados en grandes inversiones económicas durante la primera mitad del siglo XIX y parte de la segunda.
En diciembre de 1837, Rubio y Escandón, en sociedad, obtuvieron el quinto de arrendamiento del estanco de tabaco en los departamentos de Morelia, Puebla, Jalisco, Querétaro y Veracruz.
Esto nos abre dos posibilidades interpretativas: que el proyecto de Castañeda fracasó de manera precipitada y los empresarios de mayor visión no perdieron la oportunidad de obtener este beneficio, o que la influencia de estos hombres sobre el gobierno era de tal magnitud que podían desplazar a otros inversores cuando veían la oportunidad de un negocio lucrativo.
Aunque el estanco traía beneficios, tanto para el gobierno como para los inversionistas, lo cierto es que tuvo un impacto social negativo, sobre todo para quienes se dedicaban al cultivo y comercio de este producto, pues quedaron inconformes con esta medida ya que el mismo gobierno buscaba garantizar el monopolio a los empresarios brindándoles protección militar y destruyendo cultivos que, aunque en la clandestinidad, habían representado una actividad importante en regiones como la Sierra Gorda.
Con el establecimiento de la Constitución centralista de 1836 nuevamente surgieron voces de inconformidad en el país, pues esta vez estaban en juego las autonomías locales establecidas en las bases federales de la Carta Magna de 1824. Como consecuencia de ello se desataron pronunciamientos en varias partes de la república que no pretendían dar tregua al centralismo y que se manifestaron mediante el grito de “federalismo o muerte”.
En la región de Sierra Gorda, fue el líder local Cristóbal Mejía quien se sumó a esta lucha bajo las órdenes del general José Esteban Moctezuma, uno de los más importantes jefes armados del país y quien tenía su base de operaciones en la vecina Huasteca potosina.
Ambos líderes lograron posicionarse entre la Zona Media potosina y la Sierra Gorda y semidesierto queretano, no obstante que su aventura fue pronto sofocada cuando una partida del ejército terminó con la vida de Moctezuma en julio de 1837. Sin la dirección de este jefe parecía que la lucha en aquellos puntos había llegado a su fin, sin embargo, Mejía continuó en armas, esta vez con el amparo de algunos vecinos serranos, quienes se encontraban descontentos con el gobierno debido a una serie de agravios que habían sufrido a partir de la obtención de la independencia: la ocupación de tierras comunales por parte de los hacendados de la región, la aplicación de leva para fortalecer al ejército, la exigencia de contribuciones forzosas y la circulación de moneda falsa de cobre que causó el enfrentamiento entre comerciantes y mercantes; ello llevó a que se integraran entre sus filas campesinos, autoridades locales, militares, milicianos y alguna que otra gavilla armada.
Mientras que desde el centro político de Querétaro se tomaban medidas para frenar el tráfico de tabaco proveniente de San Luis Potosí, al mismo tiempo sus autoridades se encontraban imposibilitadas para hacer llegar la rama legal a los puntos serranos. En 1835, el prefecto de Jalpan reportó al gobierno queretano que, debido a la ausencia del producto, nuevamente se había desatado una grave actividad de contrabando en la región, cuyo mayor impacto se centraba en las plazas de Arroyo Seco y Landa, ambas cercanas al estado potosino.
Por el lado potosino tampoco se logró combatir el contrabando de la Huasteca con efectividad, de tal modo que la producción ilegal se había expandido hacia la llamada Zona Media entre los puntos de Río Verde, Ciudad Fernández y Lagunillas, todos estos cercanos a la Sierra Gorda. En agosto de 1837 se emitió una orden para catear la Hacienda de San Diego, ubicada en la jurisdicción de Río Verde y de la cual se tenía sospecha de que llevaba a cabo actividades de cultivo ilícito. Las sospechas resultaron ciertas, por lo que la administración potosina se dio a la tarea de buscar a otros partícipes del delito en aquel punto, que tuvo como resultado el cateo indiscriminado de casas particulares:
Adjunto a usted copia bajo la que pido se sirva extenderme las licencias que en lo sucesivo pudiera usted determinando el número de casas, porque así sirve mucho para reprimir y evitar los arbitrios que les proporcionan los alegatos para el contrabando y que no pueden resultar hechos o comprometimientos ya que es necesario a todo trance porque los guardias no pueden consentir contrabando donde tengan indicios razonables de que lo hay, y si el cateo se hubiera hecho acompañado del alcalde no se hubiera logrado.
Como se puede observar en este testimonio, dentro de la actividad de contrabando estaban implicados, además de los responsables de la hacienda, los vecinos rioverdences e incluso las autoridades locales. Lo anterior nos lleva a pensar que con el paso de los años este delito fue adquiriendo una compleja red de intereses que involucraba a varios sectores de la sociedad rural y que habría rebasado los límites potosinos hacia la zona serrana de Querétaro, como hemos mencionado con antelación. Esta organización pudo ofrecer cierta resistencia frente a los celadores del orden pues, más adelante, el administrador de tabacos en aquella zona informó que estos delincuentes, amparados por el alcalde local, se mostraban reacios a permitir el ingreso para revisión en sus domicilios, por lo tanto, era de extrema necesidad tomar otras medidas para hacer claudicar a los infractores.
Finalmente se ordenó que una partida del resguardo de tabaco ingresara a aquellos puntos y se quemara toda la producción que encontraran a su paso. Estos celadores, en su afán por cumplir con su deber, y siguiendo la línea de organización, pronto rebasaron los límites potosinos para introducirse en la Sierra Gorda queretana, hecho que causó gran descontento entre los productores y traficantes de ambos puntos, seguramente también entre los consumidores, obligándolos a sumarse al movimiento armado que tenía lugar en la serranía. Esto lo corroboró el comandante queretano Julián Juvera, encargado de enfrentar a los sediciosos encabezados por Cristóbal Mejía:
El movimiento de Cristóbal Mejía en la sierra del que tuve el honor de dar conocimiento a V.E. se motivó por haber introducido en aquella demarcación, una partida del resguardo de tabaco de S. Luis Potosí a quemar el que se encontrase sembrado, como en efecto lo verificaron y disolviéndose en consecuencia la reunión que aquel había formado quedó todo enteramente tranquilo.
Sin embargo, le prevengo al comandante militar en Jalpan, mantenga en las miras de aquel hombre turbulento, que ha renunciado de rendirse, fijándose en el Real de San Pedro, punto céntrico de la sierra.
A pesar de lo mencionado por Juvera, la quema de tabaco no fue la causa principal para el alzamiento, pues el movimiento en realidad había comenzado unos meses antes y eran más los sectores rurales inconformes que engrosaban sus filas. Lo cierto es que este grupo en particular vino a reforzar una lucha que se intensificaba más cada día. Además de ello es importante destacar que, por primera vez, se confirma el cultivo de tabaco al interior de la serranía queretana, siendo que con anterioridad provenía de las zonas potosinas aledañas. Esto quiere decir que el consumo de tabaco continuó fortalecido en aquella región y ahora sus habitantes no sólo eran traficantes, sino que también se habían convertido en productores que participaban y tenían mayores intereses en el negocio, mismos que defenderían a toda costa.
Aunque resulta difícil saber cuál fue la participación específica de cada sector que conformaba las filas de Mejía dentro del movimiento armado, sí podemos identificar que el control del tabaco de la región fue una de sus prioridades. Ello nos habla del peso que tenían los tabacaleros dentro de las decisiones y acciones a tomar entre los rebeldes. Lo anterior queda claro en el momento cúspide del movimiento, que tuvo lugar en 1839, cuando los rebeldes tomaron posesión de toda la Sierra Gorda correspondiente a Querétaro y una parte de los departamentos vecinos, pues entre sus deberes más importantes se encontró garantizar la circulación de tabaco y el cobro de alcabalas del mismo desde Atarjea en Guanajuato, hasta la Sierra de Jacala, en el actual estado de Hidalgo, pasando por las plazas serranas de Querétaro y la Huasteca y Zona Media potosina (véase
Esto quiere decir que los rebeldes supieron llevar el control del tabaco local de una manera organizada. De este modo podían cubrir la demanda del consumo tradicional y al mismo tiempo obtener entradas monetarias para la resistencia del movimiento y ganancias para los traficantes y productores locales, ya que la rama que circulaba en la región no podía venir de otro lado.
Pero la rebelión que encabezaba Cristóbal Mejía pronto sufrió un rompimiento, pues su líder, quien se sumaba por la lucha federalista de nivel nacional, entró en negociación con el gobierno central a través del general Mariano Arista. Mediante una capitulación establecida con este jefe, Mejía aceptó dejar las armas sin exigir ninguna garantía para los sectores que lo habían seguido en batalla,
Tras el rompimiento entre los frentes de la sociedad rural de la Sierra Gorda y su líder, comenzó el declive de este último, quien al parecer ya no tuvo la capacidad de negociación para con el gobierno, pues en última instancia no se aceptó su rendición. Finalmente, en diciembre de 1840, Cristóbal Mejía fue asesinado en la comunidad serrana de Ahuacatlán, en el Pinal de Amoles, acto en el cual se sabe que participó la misma sociedad serrana, cansada de sus abusos y, seguramente también, su traición.39 Con la muerte de este jefe parecía que la hostilidad serrana había terminado, no obstante, aquellos sectores que lo habían seguido en batalla no habían logrado obtener ningún beneficio y por tanto algunos, como los tabacaleros inconformes con el estanco, continuaron en armas.
En 1841, Rafael Sánchez, quien había fungido como subteniente de Cristóbal Mejía, y que ahora ostentaba el cargo de comandante de la Sierra Gorda, retomó nuevamente las armas y emitió un pronunciamiento en el cual integraría las demandas de los tabacaleros. En él exigía el fin de la Constitución centralista de 1836 y el restablecimiento de la Carta Magna de 1824. Además de ello, hizo un llamado a dar fin al estanco de tabaco que tanto daño había causado al mercado local.
A nivel nacional, el estanco continuó su curso en manos de particulares. En 1839 Manuel Escandón obtuvo nuevamente su concesión, seguida de otros dos contratos en 1848 y 1854, siendo este el último antes de dar por terminada la práctica monopólica de este ramo, pues las constantes quejas contrarias a esa política, además de los obstáculos que sufría el negocio por la inestabilidad nacional, hicieron que el tabaco dejara de ser un producto redituable para los intereses empresariales.