La ley promulgada por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915 y el artículo 27 constitucional de 1917 fueron los primeros preceptos que regularon la reforma agraria del siglo xx mexicano. Esto sin olvidar la serie de propuestas, planes y leyes que al calor de la lucha revolucionaria se elaboraron, siendo el de mayor relevancia el Plan de Ayala de 1911, bandera del zapatismo y que fue puesto en práctica en los territorios controlados por el Ejército Libertador del Sur.

Los primeros temas establecidos en la legislación agraria fueron las acciones agrarias de la dotación y restitución de tierras, el respeto a la pequeña propiedad, las categorías políticas con las que debían contar los grupos solicitantes de tierras y las autoridades que pondrían en marcha el reparto. Dentro de estas últimas, la máxima autoridad en la materia fue el presidente de la República, encargado de emitir las resoluciones definitivas, los gobernadores, que resolvían los expedientes en primera instancia, y la Comisión Nacional Agraria (cna) y las comisiones locales (una en cada estado), autoridades administrativas encargadas de llevar a cabo los procedimientos establecidos en la legislación. La cna fue suprimida en 1934 y sustituida por la Comisión Agraria Mixta (cam) y sus representaciones estatales hasta 1959, año cuando se formó el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac). Como es evidente, la puesta en práctica de esta política federal requirió de una estructura burocrática amplia.

De la serie de personajes encargados de llevar a cabo los procedimientos de las diversas acciones agrarias (dotación, restitución, permuta, expropiación, etcétera), los ingenieros agrónomos jugaron un papel relevante, pues en la mayoría de los casos les correspondió visitar a los distintos grupos solicitantes de tierras, ubicar los linderos entre éstos y las haciendas y ranchos aledaños, elaborar los censos de peticionarios, presidir las asambleas ejidales e intentar dirimir las controversias entre los sujetos agrarios. No obstante la importancia de estos personajes en este proceso, durante mucho tiempo la historia de la reforma agraria puso poca atención en ellos. Afortunadamente, este vacío historiográfico se ha empezado a llenar con trabajos como el libro Haciendas sin hacendados. Ideario y acción de la Liga de Agrónomos Socialistas, 1935-1949, que aquí se reseña.

Esta investigación, escrita por Diana Méndez Rojas y Juan de la Fuente Hernández, da cuenta del ideario y las acciones de la Liga de Agrónomos Socialistas (las), organización formada en 1935, cuyo propósito principal fue la destrucción del latifundio, “combatir el imperialismo extranjero y, por medio del ejido, lograr la explotación colectiva de la tierra para llegar a la supresión de la propiedad privada de ella y a la socialización de los medios de producción” (p. 89).

Compuesto de tres capítulos bien escritos, en el primero de éstos, “Haciendas sin hacendados”, describe el papel de los agrónomos en la reforma agraria como parte fundamental del naciente estado posrevolucionario, particularmente como “los mediadores entre los productores y gestores de la tierra con el Estado” (p. 21); además de mencionar a los primeros Congresos Nacionales Agronómicos, cuyos trabajos posibilitaron darle identidad a la profesión. Cierra el capítulo haciendo mención del contexto en el que surgió la las, particularmente el inicio del gobierno cardenista.

Acerca de este apartado, es pertinente mencionar dos aspectos. En primer lugar, llama la atención que como asociación gremial reconozcan la lucha de clases y busquen la socialización de los medios de producción, pero realicen sus actividades dentro del Estado mexicano, con las limitantes que ello tendría. En segundo lugar, los autores mencionan como antecedente inmediato de esta organización la promulgación del Código Agrario en 1935, cuando dicho ordenamiento, el primero en la materia, data de 1934. Un gazapo que no resta fuerza al argumento respecto a la importancia de este código en la reforma agraria cardenista y a la atención que los agrónomos socialistas pusieron en el tema jurídico, como se verá más adelante.

El segundo capítulo, titulado “Una militan­cia entre la acción campesina y la propaganda”, se centra en explicar la constitución, requisitos de admisión y características de la las. Como ya se dijo, tratándose de una organización gremial, buscó agrupar “a estudiantes y profesionales de la agronomía” (p. 27) que proporcionaran orientación a los campesinos y demás sectores interesados en la resolución del problema agrario, tomando en cuenta no sólo sus demandas, sino también la economía nacional. La mayoría de sus afiliados egresó de la entonces Escuela Nacional de Agricultura (ena) y de la Es­cue­la Regional de Agricultura Antonio Narro, y se estima que llegó a tener entre sus filas a setenta miembros. Si bien, a lo largo del texto se mencionan datos de algunos de los militantes de la organización, valdría la pena que para una segunda edición se incorporaran mayores datos biográficos de éstos, lo que permitirá profundizar en su labor, pero también entender qué los distinguía del resto de los agrónomos del país.

En cuanto a la acción campesina, la las buscó establecer relación con las principales organizaciones, grupos e individuos “para orientar la opinión de los trabajadores del campo, despertar y fortalecer su conciencia de clase y dar a conocer las propuestas de la agrupación” (p. 32), mientras que la actividad de propaganda la llevó a cabo a través de la publicación de libros y folletos, su órgano de difusión Guion Agrario y el Boletín de Informaciones, donde daban cuenta de la vida interna de la organización. Este último aspecto es destacable, pues hay que recordar que para esa época, y por influencia de los textos del revolucionario ruso Vladimir Illich Lenin, los grupos y organizaciones que se asumían como socialistas prestaban especial atención a la elaboración de la prensa, pues la veían no sólo como un medio de difusión de sus ideas, sino como un mecanismo que les permitía organizar a los distintos individuos y grupos con los que trabajaban.

El tercer y último capítulo presenta la propuesta agraria de los agrónomos socialistas, y que bien se puede resumir en el título de este libro: Haciendas sin hacendados. Para la las, el latifundio al igual que la fábrica no debía ser fraccionado, sino puesto en manos de sus trabajadores, creándose sistemas ejidales (agrícolas, ganaderos y forestales) que “como unidades de producción con explotación colectiva fueron administrados por campesinos y obreros a manera de cooperativas” (p. 45).

Este planteamiento tiene tres aspectos que es necesario resaltar: primero, para los integrantes de la las era claro que el problema agrario no se resolvía únicamente con la entrega de las tierras a los solicitantes, eran necesarios los recursos materiales para producir como sistemas de riego, instrumentos de labranza y buenos caminos, por sólo mencionar algunos; segundo, también representó una crítica al programa agrario del gobierno federal, pues no estaban por el proyecto ejidal tal y como se había llevado hasta entonces; y tercero, no defienden la pequeña propiedad como lo habían hecho Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, un grupo de hacendados y rancheros, e incluso el propio Lázaro Cárdenas al crear la Oficina de la Pequeña Propiedad en 1938, a pesar del impulso que dio al ejido colectivo en varios estados del país, como Michoacán, Puebla y Yucatán.

Si lo comentado hasta este punto deja ver la valía del libro reseñado, hay que agregar que, de forma atinada, los autores han incorporado el catálogo de la colección documental de la las, material resguardado por el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (cemos). En esta colección, que abarca el periodo de 1935 a 1948, es posible encontrar correspondencia, circulares, algunos ejem­­plares del órgano central de la organización Guion Agrario y las referencias que componen la serie editorial de los miembros de la organización. A esta documentación hay que agregar la reproduc­ción de las Bases generales y estatutos de la Liga, fecha­dos en 1935.

Los sesenta y ocho registros que conforman la colección mencionada dejan ver otros temas que, si bien no son el centro de atención del libro, permiten acercarse al resto del ideario de la organización y que podrían ser objeto de futuras investigaciones. Por un lado, es evidente que los agrónomos socialistas pusieron especial atención al aspecto legal, por ejemplo, en 1936 dos integrantes de la las enviaron una carta a Manuel Mesa solicitando iniciar una campaña en contra de la aplicación de la Ley del Patrimonio Parcelario (p. 72), y en 1937 aparece otro documento donde Ignacio Malo Álvarez y Emilio López Zamora informan a Manuel Mesa Andraca acerca de su nombramiento como representante de la agrupación ante el Frente Socialista de Abogados de México (p. 73). Además, otro tema es el relacionado con el uso y aprovechamiento del agua, como lo dejan ver un par de documentos relativos a los distritos de riego en Chihuahua (p. 77) y la reforma a la Ley de Irrigación (p. 81). Sin duda alguna, seguir estos indicios podría aportar mayores datos al conocimiento del campo mexicano en la primera mitad del siglo xx.

Siguiendo a los autores, no queda claro el año ni la forma de disolución de la las, pero se estima su desintegración en 1949. A pesar de esto, Haciendas sin hacendados nos ofrece una ventana por la cual asomarnos al ideario y a la acción política de una organización gremial, hija de su tiempo, que enarboló las ideas socialistas de la época y que reivindicó una propuesta que articulaba la agronomía, la ganadería y la explotación forestal en aras del crecimiento económico. Profundizar en el estudio de este proyecto no sólo es de utilidad para comprender parte de la historia rural de la primera mitad del siglo xx, también permite pensar, o acaso soñar, en el futuro del campo mexicano en las próximas décadas.

Nicolás Vázquez Ortega

El Colegio Mexiquense, México

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Fecha de recepción: 2 de abril de 2024

Fecha de aceptación: 29 de abril de 2024