La renovación de infraestructura en el centro de la Ciudad de México: un proyecto al servicio de las campañas de moralización con Ernesto P. Uruchurtu, 1952-1966

Introducción

A principios de 1953, Ernesto P. Uruchurtu, jefe del Departamento del Distrito Federal, anunció a los medios que su gobierno pondría en marcha una serie de campañas de moralización con el propósito de evitar la corrupción de la administración pública y del cuerpo policíaco, pero sobre todo para mantener bajo vigilancia y control centros expendedores de alcohol, de entretenimiento nocturno y, en general, todos aquellos sitios donde se ejercía la prostitución, lenocinio, delincuencia y homosexualidad.

Este planteamiento de moralizar a la ciudad no era algo novedoso, tal como señala Diane Davis, pues había "surgido vigorosamente durante los años veinte y principios de los treinta, a medida que cambiaba drásticamente la composición social de las áreas del centro de la ciudad".¹ En todo caso, la particularidad de la moralización -en contextos de la Guerra Fría- involucró una serie de acciones de tintes autoritarias, expresadas de distintas maneras y en diferentes espacios urbanizados y no urbanizados. Por ejemplo, desde un plano internacional, Estados Unidos de América, al mando del mundo capitalista, revelaba una actitud moral ante los peligros que representaba el comunismo al ser éste una ideología que podía envolver y agitar a los sectores sociales menos favorecidos.²

Desde un plano nacional, el presidente Miguel Alemán (1946-1952) mantuvo un ejercicio de censura y represión contra publicaciones que representaban un comportamiento ajeno a las conductas decentes, a lo aceptable, a lo moral. Una voluntad política-ideológica que se hizo extensiva a los centros de entretenimiento social, como salones de baile, cines, teatros, entre otros.³

A la llegada del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), este ímpetu moralizador, señala Pérez Rosales, se afianzó con la identificación que hubo entre el Estado con los grupos conservadores y la Iglesia católica.⁴ Al punto que se fortalecieron organizaciones como la Legión Mexicana de la Decencia, que desde su departamento jurídico se propuso "enderezar demandas contra películas y teatros de revista inmorales".⁵ El afán de moralidad que venía desde décadas atrás y que seguía vigente en el aparato estatal permeó la política urbana y, por supuesto, a los encargados de aplicarla. De aquí que no sorprende que funcionarios como Ernesto P. Uruchurtu (1952-1966), tras ser designado jefe del Departamento del Distrito Federal por Adolfo Ruiz Cortines,⁶ asumiera la bandera de la moralidad para establecer un orden y control socioespacial sobre la ciudad capital.

En la historiografía que versa sobre el periodo y el tema, si bien son distintos los abordajes y los enfoques analíticos, los autores coinciden en señalar a las campañas de moralización como un elemento fundamental para entender el carácter político del gobierno de Uruchurtu y el curso que tomó la ciudad bajo su mandato. Desde un análisis político e histórico, Manuel Perló las ubica como una política local en confluencia con la cruzada cívico-moral de Ruiz Cortines, la cual mantuvo una estrecha colaboración con la Iglesia católica.⁷ Desde un ángulo muy distinto, Sara Luna Elizarrarás identifica la clase media urbana y conservadora como el principal artífice de la cruzada moralizadora.⁸ La investigación doctoral de Robert M. Jordan aborda la política moralizante como un esfuerzo gubernamental por mantener el orden socioespacial, el cual tuvo como efecto una relación tensa con el ambulantaje, los sectores populares o la juventud rebelde.⁹

A partir de este balance, es evidente que Ernesto P. Uruchurtu ha sido el jefe del Departamento que con mayor ahínco hizo de la moralización una parte medular de la política urbana, porque -como bien se ha documentado- adoptó e hizo suyas, con notable interés, las demandas ciudadanas de los sectores más conservadores de la ciudad y de la política mexicana. Sin embargo, un examen más amplio sobre este proceso debe indiscutiblemente integrar el papel que tuvieron los proyectos de infraestructura dispuestos para la ciudad, ya que en su puesta en marcha no sólo se buscó responder a las necesidades y problemas de una ciudad en exorbitado crecimiento,¹⁰ sino también a los intereses de tipo moral que prevalecían entre los planificadores, autoridades e incluso en algunos sectores populares.

La infraestructura no sólo es un soporte tecnológico que involucra una serie de saberes, trabajo humano, nuevas prácticas y relaciones que obedecen a ciertas reglas de organización social,¹¹ sino también una racionalidad política de poder que reconfigura los espacios y transforma el medio social.¹² Desde esta perspectiva, el presente texto tiene por objetivo demostrar que durante la administración de Uruchurtu se buscó articular la añeja, pero persistente demanda de moralidad con un programa de renovación de infraestructura urbana.

Para demostrar la yuxtaposición que hubo entre infraestructura y moralización, se usa como caso de estudio el Proyecto de Planificación de la Zona Centro. La razón de esta elección es que se trató de un programa urbano que al proponer la ampliación, prolongación y apertura de calles y avenidas, no sólo buscó garantizar el flujo de personas, mercancías y vehículos, sino desaparecer aquellas zonas rojas, como el famoso y populoso barrio de La Lagunilla.¹³ La exposición del Proyecto de Planificación de la Zona Centro permite destacar los juicios de valor, de marcado tono moral, que sobre La Lagunilla y algunas de sus calles más polémicas se generaban entre planificadores, visitantes y vecinos. Pero también la fe insoslayable que tenían los técnicos-planificadores del Departamento del D. F. en la renovación infraestructural como un motor de cambio, tal como se muestra en el caso de la calle Panamá. Una zona de tolerancia que puso en entredicho la capacidad del gobierno en su política moralizante, y en jaque a la diplomacia mexicana tras la controversia suscitada por su nomenclatura. Con la incorporación de la infraestructura en el análisis sobre las causas y efectos de las campañas de moralización, este texto pretende enriquecer el debate historiográfico de un tema todavía por explorar.

Para documentar las campañas de moralización y la renovación de la infraestructura dispuestas para la zona centro, se hizo una revisión de los expedientes que conforman la serie de Obras Públicas del Archivo Histórico de la Ciudad de México. La información obtenida de los informes, circulares, actas y correspondencia de la Dirección General de Gobernación y de la Dirección General de Obras Públicas fue complementada con una selección hemerográfica, así como con una revisión de bibliografía especializada en el periodo y tema.

Las campañas de moralización: una política de depuración y vigilancia social

Las campañas de moralización, si bien contemplaban a todo el Distrito Federal, con mayor ahínco se hicieron sentir en la Ciudad de México.¹⁴ Es posible que la razón se debió a que la demarcación tenía el mayor número de restaurantes, salones, teatros, cines, hoteles y ambulantaje,¹⁵ así como el mayor porcentaje de centros de vicio, sobre todo en su zona centro. Algunas estimaciones de la prensa señalaban la actividad de 3 500 cabarés, 950 cervecerías, 300 cantinas, 200 pulquerías, 50 mil mujeres de mala nota y 10 mil misceláneas de tráfico de drogas.¹⁶

Cualquiera que haya sido el motivo, lo cierto es que los inicios de las campañas de moralización comenzaron en el centro de la Ciudad de México con un operativo policíaco (razzia) contra la prostitución a pie de calle y contra el lenocinio. Un operativo que fue anunciado con bombo y platillo por los medios, y en donde hasta el propio jefe de policía, Miguel Molinar, llevaba a cabo personalmente el cierre de accesorias y hoteles de paso.¹⁷

El trabajo de la jefatura de la policía era muy importante; de esta sección dependía que las campañas de moralización tuvieran un curso favorable con la vigilancia de día y noche de las calles de la ciudad. Una labor que se vio fortalecida con el papel estelar de la Dirección General de Gobernación, pues ésta, además de coordinar la vigilancia permanente en misceláneas o loncherías, también revisaba los permisos y trámites en regla de cabarés y hoteles. El objetivo era comprobar si su funcionamiento contravenía la moral pública, y si así fuera el caso proceder a clausuras definitivas, temporales o la cancelación de licencias.¹⁸

Para el cumplimiento de dichas tareas, la Dirección de Gobernación se apoyó de "los servicios especiales"; un sector integrado por cuatro grupos encargados de la vigilancia diurna y nocturna del entretenimiento social, de manera que, dicho por las autoridades, "no había una sola hora del día en que los infractores se sintieran libres de la vigilancia".¹⁹ La Dirección de Gobernación también operó con los llamados inspectores de la Oficina de Espectáculos, un sector que no sólo buscó controlar la venta de estupefacientes y las prácticas ilícitas en las calles, sino también vigilar de cerca cines, el teatro de revista y vodevil.²⁰ De hecho, con el apoyo de la Liga de la Decencia Mexicana se revisaban guiones y libretos, y si éstos contravenían la decencia, las obras eran censuradas.²¹

La vigilancia en las salas cinematográficas no fue más flexible, pues las visitas de los inspectores buscaban evitar "la proyección de películas pornográficas",²² así como la práctica de conductas inmorales en las salas, como prostitución, drogadicción o robo. Los datos otorgados en los informes de las dependencias señalan que en estas redadas se detenían sobre todo a "homosexuales, drogadictos, ebrios y hasta pandillas juveniles".²³

Los centros nocturnos dirigidos a la clase media tampoco estuvieron exentos de la ola moralizadora. De los cabarés, por ejemplo, se prohibió el trabajo de las mujeres,²⁴ el cierre de operaciones a las doce o una de la mañana, el resello de sus programas de variedades, la fijación de carteles en los pórticos y periódicos, así como el prohibir la entrada a menores de edad y, por supuesto, el ejercicio de la prostitución.²⁵

Desde el discurso oficial se señaló que las campañas de moralización habían disminuido la inmoralidad urbana, en el supuesto de que se aplicaron en todo momento "sanciones más severas a aquellos giros que por su naturaleza son un peligro para la sociedad y las buenas costumbres".²⁶ Aunque no hay datos a la mano que permitan establecer un comparativo real entre los niveles de crimen y las campañas de moralización, lo cierto es que esta política de corte social le otorgó al gobierno local y en específico a su titular una popularidad que incluso atravesó las fronteras nacionales.

Desde Colombia, escribieron a Uruchurtu para felicitarlo e informarle que "la ola de moralización de México" para acabar con las "lacras sociales que afectan a la ciudad de México" había despertado un enorme interés en este país sudamericano.²⁷ Y, puesto que la ciudad de Bogotá adolecía de los mismos defectos, se le pidió el envío de "los acuerdos o disposiciones que sobre el particular hayan citado las autoridades de ese Distrito Federal".²⁸ La política urbana del gobierno de Uruchurtu hizo que también el New York Times dedicara un reportaje sobre la modernización y la moralización de la Ciudad de México. Se enfatizó que el gobernador de la capital mexicana había hecho cambios que nadie soñaba posibles. A decir de la publicación, se habían limpiado las calles de "limosneros y prostitutas, se habían cerrado o se multaban a cientos de tiendas; se había eliminado el soborno en las oficinas gubernamentales [...] se había eliminado a los vendedores callejeros, quienes habían llenado, en completo desorden, de puestos y tenderetes las principales calles y plazas de la ciudad".²⁹

En efecto, la política de moralización había ocasionado cambios que eran visibles y sorprendentes. El centro de la Ciudad de México, desde el arranque de la administración de Uruchurtu, estaba libre de ambulantes tras su expulsión de las calles y plazas más transitadas.

Y sus habitantes vivían el control gubernamental y la vigilancia draconiana sobre muchos establecimientos de entretenimiento social. Pero dentro de las campañas de moralización, ¿fue la única estrategia que se usó para liberar a la ciudad del vicio y sus propagadores? Se trata de un cuestionamiento pertinente si se contempla el papel estelar que tuvo la renovación o construcción de infraestructura urbana en este contexto. Y, en específico, el hecho de que fueron reactivados algunos proyectos de planificación zonal dirigidos a transformar aquellos espacios urbanos donde proliferaba el ambulantaje, las vecindades y la prostitución de calle.

La infraestructura: un elemento para contrarrestar la inmoralidad de la calle

Durante la administración de Uruchurtu, el programa urbano destinado a la construcción de infraestructura se distinguió por mantener un ritmo y manejo administrativo sin precedentes. Es decir, se concretaron a velocidad y sin endeudamiento público: mercados de abasto, clínicas médicas, escuelas de educación elemental, deportivos, dos unidades habitacionales y hasta obras menores como la renovación del sistema hidráulico y de luz eléctrica.³⁰

Si bien, todas estas obras buscaron responder a la creciente demanda de mayores y mejores servicios urbanos, dicho por los propios planificadores del Departamento del Distrito Federal, el ordenamiento vial de la capital fue un tópico que cobró una atención prioritaria. Principalmente porque a través del rediseño de calles y "avenidas radiales, tangenciales y diagonales se formaría el tramado principal del Sistema Vial de la Ciudad de México",³¹ y con ello se garantizaría el flujo de personas, mercancías y vehículos de la ciudad más poblada e industrializada a nivel nacional.³²

Para tal efecto, la estructura de planificación del Distrito Federal, integrada en su mayoría por ingenieros adscritos a las comisiones de planificación urbana y a la Dirección General de Obras Públicas, obtuvieron el beneplácito de Ernesto P. Uruchurtu para reactivar proyectos de transformación vial, que si bien fueron aprobados desde la regencia de Fernando Casas Alemán (1946-1952), éstos habían quedado inconclusos, o bien, nunca se pusieron en marcha.³³ Fue el caso del Proyecto de Planificación de la Zona Centro, diseñado por el ingeniero Luis ángeles y aprobado por la Comisión de Planificación en 1952 el cual proponía, entre otras transformaciones, la ampliación de las calles de Guatemala y Tacuba y, más adelante, "desaparecer el barrio de La Lagunilla con la prolongación de la calle de Palma hacia el norte".³⁴

No hay duda de que se trata de una propuesta urbanística que buscó dar solución a la movilidad vehicular en el centro de la Ciudad de México. Sin embargo, al señalarse la "desaparición" del barrio de La Lagunilla era evidente que el interés iba más allá de un sustento meramente técnico. Es decir, desaparecer, a través de la prolongación de una calle también asumió como objetivo la erradicación de una zona que, a la vista de las autoridades y planificadores, constituía un epicentro del desorden e inmoralidad urbana dada la presencia de barracas, ambulantes y otro tipo de actividades ilícitas (véanse imágenes 1 y 2). De ahí que no fue una casualidad el que se discutiera y aprobara un proyecto que se proponía la apertura de la rama oriental de la calle Mosqueta, con el fin de desaparecer las incómodas calles "de Rayón, el órgano y Héroes de Granaditas del Barrio de la Lagunilla" ³⁵

Imagen 1

Calle invadida en la zona de La Lagunilla, 1956

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCM), f. Departamento del Distrito Federal, s. Obras Públicas, c. 318, leg. 1.

Imagen 2

Calle invadida en la zona de La Lagunilla, 1956

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCM), f. Departamento del Distrito Federal, s. Obras Públicas, c. 318, leg. 1.

Algunos vecinos o visitantes en torno a estas zonas del centro no dudaron en señalar que se trataba de un barrio pauperizado donde convergían pulquerías, cervecerías, "mariposillas", proxenetas, homosexuales, pero también muchas vecindades, las cuales a juicio de los propios vecinos eran espacios en donde se generaban y reproducían "infinidad de actos contra las buenas costumbres". ³⁶

De esta manera, prevalecía entre la mayoría de los comisionados la idea de que el barrio tenía poco valor histórico. Incluso entre quienes se asumían como defensores de los monumentos históricos, como el periodista Adrián García, un crítico de la destrucción del patrimonio en las calles del centro, pero que frente a La Lagunilla no perdió la oportunidad de señalar que pese a la imagen poética de su historia:

[...] no era un barrio digno de ser conservado, pues al igual que la Merced, estaba convertido en un zoco pueblerino, donde el tránsito de vehículos y de peatones no tenía aparente solución. Por otra parte, si había ahí algo que pudiera preservarse como patrimonio artístico de la Ciudad, nada podría verse por el atiborramiento de puestos fijos y semifijos, de carpas provisionales y de tendidos sobre las calles donde el comercio de menudeo atestaba aceras y arroyos de tránsito. Se exageraba el valor del barrio como argumento en pro y en contra del proyecto, porque ni de una ni de otra parte se tenía un criterio maduro con enfoque urbanístico sobre el fondo del problema.³⁷

A decir del autor del Proyecto de Planificación de la Zona Centro, el ingeniero ángeles, la estrechez de las calles y los callejones como la del órgano, propiciaban el desarrollo de vicio; de aquí que había que planificar toda esa zona para acabar con tanta calle "tortuosa". Indudablemente, señalaba el autor que la antigua traza de la Ciudad de México, hecha por Hernán Cortés, era magnífica, no obstante, tratándose de este espacio afirmaba en tono enfático:

Yo, de plano [... ] si ustedes me autorizan, en este barrio de La Lagunilla, haría tramos cortos y rectos de calle a calle, uniéndolos como dicen los albañiles 'a reventón. Podría decirse que esto es lo típico, pero en realidad existen verdaderas barracas por todo este rumbo y ya los vecinos mismos, cuando el licenciado Casas Alemán visitó la zona, pidieron se acabara con tanta calle caprichosa que únicamente sirven para desarrollar el vicio.³⁸

Es evidente que no importaba la historia arquitectónica o la propia traza urbana cuando estaba de por medio el bienestar y salud moral de la ciudad. Debían "descarnarse" los edificios, calles, avenidas, plazas que así lo ameritaran por muy históricas que fueran. Era ésta una postura en torno a la concepción de conservación y resguardo monumental muy presente entre arquitectos, técnicos en planificación y funcionarios. Había cierto consenso en el criterio de valor aplicable para la selección y resguardo del monumento arquitectónico, y éste indiscutiblemente atendía a un valor social. Es decir, el conservar o eliminar dependía de las condiciones físicas del inmueble, del área en donde se encontraba, del tipo de habitante que albergaba y el uso moral que tenía.

Por lo menos así queda demostrado con el caso, muy distintivo, de la calle de Panamá. Un tramo localizado en el corazón de La Lagunilla, que anteriormente ostentaba el nombre de calle del órgano y que gozaba de mala reputación, dada la presencia de día y noche de la prostitución, la venta de alcohol y el ambulantaje. Los turistas panameños no sólo supieron de la mala fama de la calle, sino además estuvieron enterados de que el término de "las panameñas" tenía un significado lesivo para el habitante de la Ciudad de México. Esta desafortunada asociación de ideas provocó una protesta en la prensa y radio de Panamá, la cual derivó en una significativa polémica diplomática.³⁹

La controversia por la nomenclatura resulta ser en suma interesante, puesto que a la vez de mostrar los juicios y valores morales que generaba una calle dedicada a la prostitución, comprueba que con la renovación de la infraestructura urbana se buscó contribuir con las campañas de moralización a partir de la expulsión de sus habitantes, la erradicación de vecindades y accesorias tras demolición de inmuebles, y por tanto, la desaparición de las actividades inmorales.

El caso de la calle de República de Panamá y su proceso de transformación urbana

El 21 de julio de 1955 fue publicado -en el periódico El Día- el relato del periodista panameño Eduardo Ritter Aislán en el cual daba cuenta de su estancia en la ciudad de México. En esta visita unos amigos lo invitaron a un espectáculo de variedades. Se trataba de una comedia, cuyo personaje central era "una chica disoluta que todas las noches compartía el calor de su lecho con un hombre distinto. En la escena final ella conoce a un joven abogado que ignora la sordidez de su pasado y le ofrece matrimonio". Todo el espectáculo transcurría sin sobresaltos hasta que un grito entre el público le sonó al periodista como una bofetada: "¡Mentira, viejo ella es de Panamá, pregúntale el precio!". Por supuesto que el periodista panameño no se explicaba el porqué de la frase hasta que su acompañante se apresuró a decirle que no se sintiera ofendido, puesto que no se estaba haciendo referencia al país, sino a una calle de la Ciudad de México, en la cual vivían y comercializaban "asquerosas mujeres de mala vida".⁴⁰

Tras este suceso, el periodista decidió conocer la famosa calle que ostentaba el nombre de República de Panamá. Para su infortunio lo que encontró fue "un callejón inmundo, repleto de prostitutas, proxenetas, homosexuales y maleantes del peor jaez", en donde "las mujeres se alinean en las aceras de la calle y aquello tiene el aspecto de una repulsiva buhonería sexual".⁴¹ La crónica de este visitante ofendido señalaba que no había justificación alguna para que México lastimara de esa forma el orgullo patrio de los panameños. En tono enérgico pidió, en nombre de sus conciudadanos, al Ministerio de Relaciones Exteriores panameñas que dieran instrucciones a la embajada en México para que gestionara la eliminación "de esta ofensa permanente a Panamá".⁴²

La publicación de esta nota causó revuelo en el medio político y social panameño, tan así, que Rafael Fuentes, en calidad de embajador de México, tuvo que hacer declaraciones a los medios para asegurar que en la nomenclatura no había ningún dolo, por el contrario, México sólo había buscado homenajear a los países latinoamericanos.⁴³ No obstante, con el fin de mantener una buena relación entre los países, aseguraba haber hecho las gestiones pertinentes para que se cambiara el nombre de la calle y, por supuesto, dar el nombre de Panamá a otra arteria en la capital mexicana.⁴⁴

En efecto, la Dirección de Obras Públicas había recibido del secretario particular de Uruchurtu una relación sobre las notas publicadas en torno a la calle de Panamá, no sólo de los diarios de este país, sino también de periódicos nacionales.⁴⁵ Sin embargo, más allá de lo esperado, es decir, que el Departamento iniciara gestiones correspondientes para el cambio de nomenclatura, no se hizo nada al respecto.⁴⁶

A través de diversas notas, la prensa panameña insistía en la deshonra y en la ofensa que se hacía en torno al país centroamericano, pues era comprobable que hasta las revistas de nota roja mexicana daban cuenta de la convergencia sin problemas de "burdeles, proxenetas, canyaceros, busconas, presuntas y cocainómanos" en La Lagunilla.⁴⁷ Si bien, la prensa panameña estaba enterada de que las campañas de moralización estaban realizando razzia de mujeres públicas en dicha calle, lejos de entenderse como una medida en atención a su demanda, fue vista como una comprobación de que en la ciudad había o se permitían las zonas de tolerancia.⁴⁸

Tras la visita de Ruiz Cortines a Panamá, la Dirección de Obras Públicas recibió la instrucción de Uruchurtu para que se elaborara un informe detallado sobre la nomenclatura de la calle. De este informe, a cargo del subdirector de Obras Públicas -ingeniero Fernando Ríos Venegas-, se destaca que, si bien las autoridades estaban conscientes que las condiciones de vecindad en dichas calles habían empeorado, no se había cambiado la nomenclatura porque se esperaba que con las obras de planificación previstas a realizarse en la zona: "surgirá un nuevo ambiente[...]" correspondiente con "la importancia de las calles que se planifiquen al nombre de la República citada".⁴⁹

Es decir, los técnicos asumieron que el proyecto de ampliación vial en simbiosis con la construcción de mercados de la zona modificaría radicalmente "el corazón de la Lagunilla", ya que la parte comercial formada por el mercado y sus construcciones vecinas desaparecerían para "dejar espacio a una supermanzana probablemente destinada al mismo fin"⁵⁰ (véase imagen 3). El convencimiento tácito en la intervención urbana era evidente: no se acataba la instrucción de cambiar el nombre, pues con los trabajos públicos desaparecería, por un lado, la venta del ambulantaje con los mercados construidos exprofeso y, por el otro, desaparecerían las vecindades y tramos de calles por la prolongación vial. Acciones que conllevarían la erradicación de la prostitución y la venta de alcohol en la zona de tugurios de la zona centro.

Imagen 3

Proyecto de planificación vial en la zona centro de la Ciudad de México, 1956

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCM), f. Departamento del Distrito Federal, s. Obras Públicas, c. 318, leg. 1.

Sin embargo, para infortunio del equipo técnico y del propio regente, la controversia por el cambio de nomenclatura había escalado a un punto donde ya era imposible la espera por el inicio de las obras. Para ese momento, ya no sólo era una exigencia de la prensa y radio panameñas, sino una exigencia de instancias de índole política. En octubre de 1956, por ejemplo, el consejo municipal de Panamá aprobó por unanimidad el que se solicitara oficialmente a México el cambio de nomenclatura a la calle que llevaba el nombre de su patria "por el bien de las relaciones diplomáticas".⁵¹

A este llamado se sumó el Club de Leones de la Ciudad de México -cuya presidencia corría en esos momentos a cargo del expresidente Emilio Portes Gil-,⁵² quien por medio de varias cartas dirigidas al regente, le pidieron reconsiderar el asunto dado lo complejo que resultaba para las autoridades remediar que aquellas calles fueran un centro del hampa, "debía por el bien de México quitar la nomenclatura" y en todo caso, que se le diera a una "calle de importancia el nombre de esa querida República de Panamá".⁵³

No había más remedio, eran ya varias las instancias que pedían el cambio de nomenclatura. En consecuencia, mientras el gobierno local se disponía a realizar las gestiones pertinentes, el gobierno federal, a través de su embajador en Panamá, trataba de calmar los ánimos de los críticos, enfatizando a la prensa que en México no se permitían zonas o barrios de tolerancia, sino simplemente este descuido se debía al extraordinario crecimiento que experimentaba la ciudad.⁵⁴

Es evidente que el objetivo del embajador fue defender la capacidad de control de las autoridades mexicanas en torno a la inmoralidad y sus promotores, estaba de por medio la legitimidad del gobierno mexicano ante los ojos extranjeros. Pero también la negación acusó una intención por defender la calidad moral de sus conciudadanos. Esto porque, como puede apreciarse, los asuntos de moralidad pública, durante esta década, eran transfronterizos; tocaban fibras muy delgadas que iban más allá de credos, ideologías y nacionalidades. La presencia de las prácticas inmorales en la vía pública, tales como la prostitución, constituían una de las demandas sociales de mayor reiteración. Su exposición de día y de noche no sólo era causa de indignación y rechazo por parte de la población capitalina, sino incluso de los extranjeros y turistas.

Sin duda, el cambio de nomenclatura pudo resolverse sin mayor problema que un simple trámite burocrático, no obstante, queda claro que las autoridades locales, y en específico el grupo de técnicos de Obras Públicas, confiaron plenamente en que no iba ser necesario tras el desalojo que se haría de "los elementos de mal vivir" con la planificación urbana. No obstante, ante la presión diplomática y mediática, en noviembre de 1956, Uruchurtu no tuvo más remedio que acceder a la petición de los panameños. En una misiva enviada al embajador y al secretario de Relaciones Exteriores, el regente señalaba "que en bien de las relaciones existentes entre México y la hermana República de Panamá se había llevado a cabo el cambio de nombre de la calle".⁵⁵ En respuesta, el embajador de Panamá escribe al regente para agradecer el gesto, el cual señaló "sin duda fortalecería las cordiales relaciones que siempre han existido entre Panamá y México".⁵⁶

La obra pública al servicio de la moral

A finales de 1956, la famosa calle de Panamá volvió a ostentar el nombre de la calle del órgano. Un cambio de nomenclatura que se hizo acompañar de una serie de intervenciones con miras a mejorar el aspecto físico y social de esta calle. Primero, sería sujeta a un operativo policíaco el cual desalojó y desmanteló las accesorias en donde se ofertaba la prostitución y la venta de alcoholes. Si bien, el desalojo fue justificado por las autoridades en nombre de la modernidad, ya que en la zona darían inicio los trabajos de construcción de los nuevos mercados públicos,⁵⁷ es evidente que el gobierno de Uruchurtu se propuso acallar las voces que señalaban a este espacio como una zona de tolerancia en la ciudad.

En un segundo momento fue desalojado el comercio callejero, para posteriormente proceder con la expropiación y demolición de predios, que incluyó al viejo mercado de La Lagunilla. Tras estas acciones se procedió con la construcción de un mercado destinado a la venta de ropas y telas (con 1 330 puestos); un mercado de víveres (con 655 puestos), una unidad para venta de muebles (con 345 puestos) y un mercado cercano a la zona de Garibaldi (con 213 puestos). Este circuito comercial integrado por cuatro mercados de distintas categorías fue inaugurado el 14 de octubre de 1957⁵⁸ (véanse imágenes 4 y 5).

Imagen 4

Plano de los mercados construidos en La Lagunilla, 1957

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCM), f. Departamento del Distrito Federal, s. Obras Públicas, c. 318, leg. 1.

Imagen 5

Nuevo mercado de zona en La Lagunilla, 1957

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCM), f. Departamento del Distrito Federal, s. Obras Públicas, c. 318, leg. 1.

La construcción del circuito comercial generó una gran expectación entre la opinión pública. Se aseguraba, por ejemplo, que el barrio se había transformado favorablemente y formaba parte ya del "cuadro general que presenta la urbe, de decencia, limpieza y decoro".⁵⁹ Esta buena impresión, en opinión de Adrián García, explica por qué no fue necesario "continuar con las ampliaciones, ni prolongaciones, ni de rectificaciones de calles previstas en el mismo programa urbano".⁶⁰ Una serie de obras que, de completarse, prácticamente habrían transformado la zona con el derrumbe de muchos inmuebles, los cuales iban desde un origen colonial hasta decimonónico.

No había duda de que se trataba de una zona con arquitectura histórica, sin embargo, como se ha señalado, cuando la Comisión de Planificación aprobó las obras para La Lagunilla pocas voces se mostraron preocupados por la pérdida patrimonial de esta zona.⁶¹ Esta misma opinión la compartía el equipo de técnicos en planificación adscritos al Departamento del Distrito Federal. Por lo menos así se observa con la ingeniera Alessio Robles, sub-directora de planificación de la ciudad, quien desde principios de la década de 1950 formó parte de las discusiones sobre el Proyecto de Planificación de la Zona Centro, y al igual que el resto de los integrantes otorgó su voto favorable para la transformación de La Lagunilla. No es de sorprenderse que, como miembros de la estructura de planificación de la capital, en tiempos de Uruchurtu, convencieron a éste de los beneficios urbanos y viales que tendría su reactivación. De aquí se explica el por qué en 1960 también se anunció que darían inicio las obras de ampliación de la calle de Tacuba-Guatemala. Una intención que, cabe mencionar, gracias a la férrea oposición que despertó entre instituciones y actores en defensa de los monumentos históricos no pudo llevarse a cabo. ⁶²

Desde la perspectiva de las autoridades, y como se dijo de algunos planificadores, no había valor cultural-histórico en zonas donde prevalecía el tugurio, por lo mismo era justificable su erradicación de la ciudad.⁶³ En este sentido, la construcción de circuitos comerciales y los proyectos de transformación vial que les acompañaban constituyeron una apuesta de doble filo, por un lado atenderían las condiciones higiénicas de los mercados de abasto y la movilidad vehicular de la zona y, por el otro, se atendería la erradicación de las prácticas ilícitas tras el desalojo de los ambulantes y de la prostitución. Pero, ¿fue ésta una estrategia exitosa, es decir, en verdad las zonas tugurizadas de la ciudad se mantuvieron libres de la inmoralidad gracias a la obra pública?

Si bien, en zonas como La Lagunilla y Garibaldi no se eliminó el ambulantaje ni el ejercicio de la prostitución, al principio, y dada la persecución policíaca en estas calles, "las pupilas" se desplazaron hacia otras calles en comercio clandestino, entre ellas el Paseo de la Reforma y la Calzada de Tacubaya,⁶⁴ o hacia las zonas tugurizadas de la Merced y Garibaldi.

No obstante, con el aminoramiento de la vigilancia, las calles comenzaron a poblarse nuevamente con ambulantes y con prostitución. Al menos así "lo evidencia la denuncia hecha por los vecinos en 1959 de que las clausuras efectuadas por la policía e inspectores de reglamentos y gobernación del Departamento eran temporales, por lo que la operación de centros de prostitución prevalecía casi intacta".⁶⁵ Y en la calle del órgano, a pesar de que "los inspectores de gobernación habían 'soldado' las entradas a los lenocinios", éstos -conforme algunas denuncias- "nuevamente se encontraban abiertos ante la indiferencia de los policías de la tercera y quinta delegación que resguardaban la zona".⁶⁶

La intervención gubernamental en dichas zonas generó en los primeros años un cambio en la dinámica social y comercial, sin embargo, la renovación de la infraestructura por sí misma no iba a erradicar la prostitución o el ambulantaje. La permanente vigilancia para evitar el regreso de sus antiguos "moradores" o "prácticas" era una labor que ya no correspondía a los técnicos en planificación, sino a los inspectores o policías de la misma jefatura.

La infraestructura como un dispositivo que genera valores y expectativas de tipo moral

A partir del caso de La Lagunilla y de su famosa calle de Panamá es evidente que la infraestructura ha tenido un papel que va más allá de ser un soporte material necesario para el suministro de un determinado servicio. Ha sido un dispositivo que busca establecer un cambio de tipo social; en la idea de mantener cierto control y orden en el espacio urbano, claro está, desde el criterio de los grupos a cargo de tomar decisiones. Pero también se muestra como un sistema que genera expectativas en lo simbólico, pues éstas "encarnan ideas y valores sobre lo nacional, la modernidad",⁶⁷ así como en el sentido moral y de seguridad social.

En el curso de la administración de Uruchurtu, por ejemplo, estas expectativas se generaron entre los ciudadanos de a pie, quienes vieron en la cruzada moral una oportunidad para solicitar al gobierno mejoras en los servicios y obras públicas; a razón de que se beneficiaría el estado físico de sus zonas de habitación y se acabaría con la inmoralidad que prevalecía en sus calles.

Así lo expresaron algunos habitantes del poniente de la ciudad, quienes escribieron a la Dirección de Obras Públicas para que ésta diera las órdenes pertinentes a fin de que continuaran las obras de ampliación de la avenida Mixcoac, puesto que al quedar sin término habían generado la instalación de "rateros, marigüanos, mariposillas, ebrios" en las calles. La ampliación de una avenida, en la consideración de los que escriben, no sólo expulsaría a estos promotores del vicio, sino también a la serie de misceláneas y burdeles de la zona.⁶⁸ En este sentido, la ampliación de una calle, más allá de ser una mera obra en beneficio del tránsito vehicular fue vista como una solución eficaz para erradicar de la zona los "peligros inmorales".

La denuncia ciudadana vio en la intervención física de sus espacios una posibilidad de cambio favorable a sus intereses y concepciones morales, que apelaban a un sentido de seguridad social. La falta de alumbrado, por ejemplo, generaba entre algunos habitantes una limitante para la realización de sus actividades en las calles por la presencia de la prostitución o sus proxenetas. Así llegaron a expresarlo algunos vecinos de algunas colonias de clase media, quienes decían habitar una ciudad donde la oscuridad había generado que, en las plazas, jardines, calles de la colonia Roma o la Condesa estuvieran pobladas "de mujeres galantes".⁶⁹

Una concepción compartida por los sectores populares que habitaban el centro de la ciudad. Por lo menos así lo constata la gran cantidad de denuncias contra el vicio, la prostitución, la homosexualidad, el ambulantaje, la indigencia y las vecindades que vía correspondencia se denunciaban al Departamento del Distrito Federal. Sirva de ejemplo cómo las vecindades situadas en la colonia Morelos eran constantemente señaladas como las causantes del grado de pauperización del espacio urbano y los lugares donde se reproducían todos los "males morales". La asociación de padres de familia de la colonia Morelos aseguraba que las vecindades constituían un foco de insalubridad debido a que día y noche, éstas vertían aguas negras sobre las calles. Una situación deplorable que se agudizaba por las conductas de sus habitantes, quienes representaban un "magno perjuicio de la educación, de la moral y salud pública",⁷⁰ puesto que:

[... ] a jóvenes niños y niñas, los seducen, habiéndose dado muchísimos casos de contagio y no pocos han muerto de enfermedades vergonzosas; las familias, aunque pobres, cada día se alarman más por tan abominable situación en que sus hijos y sus hijas se pierden, ya por seducción, ya por mal ejemplo que están palpando día tras día. Ante este cuadro desgarrador, sin contar con las cantinas inmediatas que existen a unos cuantos metros de las escuelas y que también son agencias de escándalos, blasfemias, pornografías y crímenes, es no solo conveniente, sino necesidad extraurgente que la regencia al digno cargo de usted ponga remedio inmediato ordenando que se retiren estos prostíbulos y mujeres que los atienden a otra zona de la ciudad donde se haga el menor daño posible a la juventud y a la sociedad. Las afirmaciones hechas en el presente pueden constatarse en cualquier momento, con sólo enviar personas íntegras e insobornables para que observen con sus propios ojos lo que se refiere a aguas y saneamiento y a las casas de prostitución existentes. -Los vecinos pedimos se tome muy en cuenta la anterior denuncia- pues se trata de acabar con estas lacras sociales que están minando el progreso de nuestra querida Patria.⁷¹

En este sentido, tal vez sin pretenderlo, la política contra la inmoralidad convirtió al habitante en una especie de ojo avizor que no dudaba en denunciar, bajo el pretexto de la moral pública, los malos servicios o la falta de obras en sus calles o vecindades. Posiblemente una estrategia para llamar la atención de las autoridades, pero también un llamado que respondía a las expectativas de cambio que, desde el discurso gubernamental, ofrecían los proyectos de renovación o creación de infraestructura en la ciudad.

En este examen es preciso considerar, además, que la valoración social en torno a ciertas actividades o espacios de habitación emana también de la propia planificación urbana, de los argumentos de profilaxis social que propagaron los propios planificadores o arquitectos. Una actitud que no debe sorprender, pues la eliminación de los tugurios de la zona centro, identificados por aquéllos y por el gobierno como reproductores del vicio y del desorden, constituyó un planteamiento urbano que había transitado desde el primer tercio del siglo XX.

Es decir, fue una apuesta de renovación y regeneración -con gran influencia en los postulados del urbanismo y arquitectura funcionalistas- que no sólo seguía vigente a inicios de la década de 1950, sino, tal parece, que con Uruchurtu y su política moralizadora habían cobrado mayor fuerza.⁷²

Conclusión

A pesar de que los términos de moralidad y modernidad pueden parecer antagónicos, en contextos urbanos y dentro de planteamientos de planificación urbana han llegado a entrecruzarse. Ambos buscan la transformación de la ciudad en su estado físico y social; ambos responden a un mecanismo de control y ambos aspiran que este control se extienda hacia los usos y apropiaciones del espacio urbano. Desde esta perspectiva, la Ciudad de México en tiempos de la regencia de Ernesto P. Uruchurtu no sólo debía ser moderna por el nivel de orden, por su infraestructura vial o de abasto, sino por el tipo de población que le habitaba, por los hábitos de consumo y costumbres que tenía o adquiría en la ciudad.

A lo largo de la administración de Uruchurtu, el destino urbano y moral de la Ciudad de México se sujetó a un programa de renovación de infraestructura bajo una idea de servicio acorde con las necesidades de una población en notable crecimiento. Un sistema que, además de transformar el estado físico del espacio urbano, también lo hiciera en su estado social. De aquí la pertinencia de atender que los proyectos de renovación de infraestructura dispuestos para la zona centro también revelaron una intención por ceñirse a los planteamientos de las campañas de moralización.

Una política de corte social que dispuso de toda la maquinaria burocrática del Departamento para imponer un férreo control sobre aquellas zonas de habitación y comercio popular que, a la vista de muchos sectores, constituían epicentros del desorden, de la inmoralidad urbana y, por ello, un peligro para la ciudad en su conjunto. La yuxtaposición de las campañas de moralización y la renovación de infraestructura vial respondieron a un anhelo de cambio, cimentado en juicios de valor sobre el tipo de espacio y sus tipos de habitantes.

Así se observa con el Proyecto de Planificación de la Zona Centro, puesto que se seguía apuntando con el dedo la desaparición de barrios como el de La Lagunilla. La transformación de este barrio, y en particular de la calle que ostentaba el nombre de Panamá, revela la valoración negativa de sus calles, sitios e inmuebles por las actividades que allí se desarrollaban. Demuestra la importancia que tenían la decencia, la higiene, las actividades normalizadas para considerar que una ciudad era segura, moral y moderna, y cómo su exposición ante los ojos extranjeros generó una controversia diplomática, un hecho que, a la vez, revela que frente a cuestiones morales se tocaban fibras muy sensibles.

Asimismo, comprueba la fe que tenían los planificadores en este tipo de proyectos, al punto que no importaron las ofensas extranjeras, puesto que prevalecía el convencimiento de que la infraestructura regeneraría dicho espacio. Cabe señalar, una expectativa de cambio compartida por sectores medios y populares, al punto que esperaban que la ola moralizadora trajera consigo un beneficio en su medio urbano. Lo cierto es que esta apuesta poca atención puso sobre las condiciones sociales de sus pobladores. De aquí el carácter utópico de estas proyecciones, ya que sólo se señaló y calcularon los beneficios de tipo urbanísticos y sociales, sin referencias y estrategias para atender las condiciones de pobreza y los efectos sociales que dicha situación generaría en su entorno.