Las estrategias legales de los emancipados en Cuba (1856-1880)

Entre nuevas políticas y viejas prácticas: la consignación y los contratos

Las transformaciones de la legislación en los aspectos relativos al sistema de consignación (distribución y otros sistemas de reparto alternativos, retribución del consignatario al Gobierno y al emancipado), al trato que debían recibir los emancipados, al nuevo control institucional surgido y, sobre todo, al otorgamiento de las cartas de libertad, permiten comprender la conducta legal emprendida por las autoridades coloniales, los consignatarios y los emancipados. El marco legal, en el lapsus de 1856 a 1880, fue ventajoso para los consignatarios y autoridades coloniales. Sin embargo, se introdujeron cambios institucionales y de actitudes que abrieron posibilidades para que algunos emancipados iniciaran demandas legales.

En los años comprendidos entre 1856 y 1880, se redactaron ordenanzas por los capitanes generales Juan Manuel de la Pezuela y José Gutiérrez de la Concha.⁷ Ambas ordenanzas mantuvieron la duración del periodo de consignación, así como los diversos sectores favorecidos en su distribución. Sin embargo, ante el hecho de que los particulares siempre fueron el sector más beneficiado en la recepción de emancipados, se estableció una norma para su distribución, teniendo en cuenta su división en aprendices y jornaleros.

Los emancipados pertenecientes al primer grupo no disponían de remuneración por su trabajo y estaban bajo la administración del Gobierno. Los del segundo grupo eran los que llevaban ya cinco años en poder de la autoridad y habían cumplido 16 años de edad. Se contrataban bajo la intervención del Gobierno con un patrono; para el capitán general Pezuela (1854) por el término de un año, y durante el gobierno de Gutiérrez de la Concha (1855-1860) por tres, aunque en la práctica se redujeron a dos. Los emancipados aprendices serían entregados a establecimientos de beneficencia en el número que sus administradores considerasen necesario, y a las consignatarias viudas o huérfanas no podrían destinarse más del 10% de cada reparto. Los colonos o jornaleros serían entregados a servicio del Estado, dependiendo de las necesidades de éste. Los que quedasen sin ubicar se entregarían de la siguiente forma: dos terceras partes a la agricultura y una tercera parte a la industria.⁸

Un ejemplo demostrativo de todo el proceso de reorganización del reparto de emancipados lo constituye el apresamiento del Brick-Barca, llamado “Paez”, hecho por el pailebot de guerra “Cristina” en “Los Falcones”, Jurisdicción municipal de Cárdenas.⁹ Al iniciarse las primeras diligencias, el capitán general don José Gutiérrez de la Concha dispuso que después de que el administrador del Depósito realizara las filiaciones correspondientes, el subcomisario del 6º Distrito -encargado de la custodia del buque- entregara al director de Obras Públicas 120 emancipados y otros 80 al gobernador político para el Ayuntamiento de esta ciudad.

La práctica del alquiler, que se desarrollaba con anterioridad, fue establecida en la legislación como sistema de distribución para los emancipados en el periodo de 1856-1880. Algunos ejemplos evidencian cómo determinados actores se dedicaron a arrendarlos y vivieron de este negocio. Por ejemplo, algunos particulares -sobre todo, dueños de ingenios- los cedían en alquiler por 240 pesos mensuales. Esto significaba, en materia de salarios, un ahorro mensual entre los 200 y 400 pesos, siendo mayor si contaban con algún oficio.¹⁰ Doña María de los Dolores Martínez reclama que se le conceda en alquiler 46 negros que tenía consignados su difunto esposo.¹¹ Como esta instancia, en Cuba aparecen muchas más para las décadas de 1860 y 1870. Para las corporaciones, el sistema de alquiler provocó algunas contradicciones. Los emancipados, al formar parte del Presupuesto General del Gobierno, eran “esclavos encubiertos del Estado”, sin embargo era absurdo que una corpo ración gubernamental -por ejemplo, la Dirección de Obras Públicas- reintegrase una retribución perteneciente al propio Tesoro del Estado. Tal situación ocasionó que se propusiera un proyecto de ley sobre consignaciones gratuitas para las obras públicas.¹²

La Real Orden del 5 de abril de 1861, relativa a consignaciones gratuitas para obras públicas, se convirtió en letra muerta. A la empresa de Ferrocarriles de Cárdenas-Júcaro se le concedieron en alquiler 62 emancipados de los existentes en el Depósito¹³ en 1867 y otros 10 en 1868.¹⁴ Fue éste uno de los numerosos ejemplos que se pudieran citar de las corporaciones que obtuvieron emancipados por el sistema del alquiler. Pero no sólo los adquirieron, sino que también entraron en este negocio. La empresa de Ferro carril de Trinidad alquiló un 20% de los emancipados que le fueron asignados, entre 1857 y 1863 para trabajos en diferentes fincas.¹⁵

En cuanto al aspecto de la retribución del consignatario al Gobierno, se propuso establecer una cuota fija, delimitada por el sexo y el tiempo de permanencia en la isla, la cual siempre estuvo por debajo de los precios de los esclavos. Los consignatarios obtenían una mano de obra barata, a pesar de que las cuotas que se pagaban fueron variando. Así lo reconoce el capitán general don José Gutiérrez de la Concha al expresar:

En un país en que, por la escasez de brazos, el trabajo de un emancipado en el campo podría producir por sí, o dándole en alquiler 15 pesos mensuales, subiendo a mucho más el de los que tenían algún oficio, era muy apetecida la consignación y se convertía en un objeto de especulación. El que obtenía quince, veinte o más emancipados por la retribución común en que se consignaban, y algunos que los obtenían gratis, tenían por cinco años una renta mensual de quince, veinte y más onzas, y había personas que aun saliendo de la isla dejaban en ella esta notable granjería [...]¹⁶

Por su parte, el Gobierno generaba ingresos que los capitanes generales dispusieron a su conveniencia hasta 1854. Después de esta fecha, la metrópoli intentó controlar los ingresos en concepto de retribución, incluyéndolos en el proceso general de centralización de las rentas de la isla en la Hacienda Pública. Aún existe un gran vacío informativo en cuanto a los fondos generados por los emancipados, quienes eran los beneficiarios y sus destinos.

Recordar que según las Ordenanzas de Pezuela y Concha, aquellos emancipados que llevaban ya cinco años en poder de la autoridad y habían cumplido 16 años de edad pasarían a la clase de jornaleros o libertos, como también fueron conocidos. Estos debían estar conscientes de que, aunque se les había entregado su carta de emancipación, mientras permanecieran en la isla no quedarían absolutamente dueños de su persona, sino que quedaban bajo la tutela y amparo del Gobierno en clase de colonos. Al entrar los emancipados en esta clase, debían recibir remuneración por parte de sus consignatarios. Se estipuló que el jornal por parte del patrono no podía ser menor de seis pesos mensuales para los varones y de cuatro para las hembras. Cada liberto dejaría en depósito aquella parte de su jornal que el gobierno considerase absolutamente necesario para indemnizar a los patronos que tuviesen derecho sobre el trabajo de africanos que les fueron consignados. Dicho depósito no debía exceder nunca de la tercera parte del jornal establecido. En muchos casos, hubo reclamaciones de los emancipados por el pago de la retribución.

Se contratarían bajo la intervención del Gobierno con un patrono; para el capitán general Pezuela por término de un año, y para el capitán general Gutiérrez de la Concha por tres, mediante una remuneración que consistía en su manutención, la entrega de dos mudas de ropa al año y su curación cuando fuese menester. Aquellos que no quisiesen contratarse o no encontraran con quien hacerlo serían trasladados al Depósito General, en espera de una nueva contrata, hasta cumplir 50 años de edad o salir de la isla. Los que prefirieran esta última opción tendrían que hacerlo a su costa, pidiéndolo al Gobierno. En el caso de las emancipadas madres, con hijos menores de 15 años, debían contratarse con éstos hasta cumplir dicha edad. Muchos continuaron sirviendo al mismo patrono al que hasta ese momento habían estado sujetos.

Por otra parte, se les otorgó plena facultad a los patronos para castigar a los emancipados libertos. Las sanciones impuestas debían estar en correspondencia con lo establecido en el reglamento de jornaleros libres que se ocupaban de los trabajos de las fincas rurales. Al igual que las consignaciones, este servicio podía renovarse. En caso de que el patrono y el colono no se dirigiesen al negociado respectivo durante ese mes, se sobreentendería que su contrato se prorrogaría por otro año, y así sucesivamente. Según las disposiciones para pasar a la tercera clase y quedar libres de contratarse, los emancipados debían ser capaces de cumplir ciertos requisitos, como garantizar que conocían un oficio y haber mantenido una buena conducta.

Paralelamente a las transformaciones legislativas en el escenario colonial, el contexto de recrudecimiento por las presiones internacionales derivadas del abolicionismo inglés determinó que los capitanes generales tuvieran la necesidad de dar algunas satisfacciones a Gran Bretaña. Por esto, en los años sesenta se comenzó una nueva política que pretendía que fuese cada vez mayor el número de emancipados que pasase a la clase de libertos. La nueva estrategia disponía el fin de las consignaciones, y en su lugar establecer contratos. Sin embargo, se aspiraba a mantener el estado de cosas anterior. De julio de 1869 a febrero de 1870, por ejemplo, hay registrados 2 657 contratos emitidos, 275 peticiones de alquileres, 49 cambios y 9 traspasos.¹⁷ Es por esto que la entrega de la preciada carta de libertad a los emancipados libertos representó sólo una libertad ficticia. Muchos nunca lograron alcanzar el disfrute de los derechos de hombre libre.

En la gestión de los capitanes generales: la concesión de cartas de libertad

Los decretos de concesión de cartas de libertad constituyen un elemento esencial para comprender el crecimiento de las estrategias legales emprendidas por los emancipados. En el periodo de 18561880 aún se infringían los diferentes preceptos sobre la manera de otorgar la emancipación. No obstante, los capitanes generales, quienes eran los responsables de otorgar las cartas de exención del gobierno, establecieron un grupo de disposiciones al respecto. A todas estas Reales órdenes se contestó, en cada momento, que sería perjudicial para la isla de Cuba dar libertad a los emancipados.

Por lo general, se dispuso otorgar la libertad a hombres y mujeres que nominalmente debían ser declarados como libres desde al menos dos décadas atrás. Si se tienen en cuenta los promedios de vida útil de trabajo y el de edad en el momento de la sentencia, se comprenderá que estos proyectos no iban dirigidos a declarar como libres a africanos que aún se encontraban en una edad fértil de trabajo, sino a aquellos que habían sobrevivido a un grupo de peripecias y que muchos pasaban de 40 años y más. Y aun así se incumplieron reiteradamente las disposiciones referentes al grupo de emancipados introducidos antes de 1835.

Pero si la legislación evidencia la disminución en aquella resistencia para declarar a los emancipados exentos de la dependencia del Gobierno, en la práctica no se deseaba cumplir las nuevas medidas, sino mantener el estado de las cosas. La evolución de las viejas prácticas trajo como resultado un contexto especial de renovación legislativa e institucional que contribuyó al desarrollo de estrategias legales con una herramienta legal para demandar determinadas cuestiones y negociar su libertad.

Nuevas figuras jurídicas e instituciones para los emancipados

Los síndicos eran los encargados de tramitar los procesos judiciales de los esclavos y, por tanto, fueron sus representantes ante la ley. Eran “sirvientes públicos que, legalmente, debían actuar como protectores de los esclavos, tras decidir la validez de sus demandas”.¹⁸ En cambio, en los procesos de los emancipados, estos funcionarios tenían la responsabilidad de presentarse ante el hecho de levantar, instruir y redactar un expediente donde quedaran reflejados la instancia de la reclamación, el día y hora del caso, el agrupamiento de los datos necesarios para definir la causa y la previa citación a los consignatarios y demás declarantes; unos y otros debían jurar fidelidad en sus obligaciones.

La intervención de los síndicos en el cuidado y protección del tratamiento apropiado no siempre favoreció a los esclavos. Sin embargo, en las estrategias legales presentadas por los emancipados, la validez de sus demandas se asentaba en los registros de filiación y no en los testimonios de síndicos, testigos de asistencia o inspectores. El documento de filiación era esencial para estos procesos, ya que después de cada captura, la Secretaría Política debía formar un registro por cada bozal capturado, en el cual debía quedar reflejado el nombre, la embarcación, el número de la expedición a la que pertenecía, señas particulares de su cuerpo, como eran las escarificaciones de sus culturas de origen, o las producidas por el carimbo y el consignatario a que había sido asignado.

El Real Decreto de 1856 estipuló, además, que las reclamaciones debían ser ventiladas en la Junta Protectora de Emancipados, también mencionada en los expedientes de archivo como Negociado de Emancipados, o en la Real Audiencia Pretorial. Restablecida la Junta Protectora de Emancipados en 1854, tuvo el encargo de velar por el buen trato de los emancipados, terminar con las ocultaciones y fraudes que se cometían, llevar el control de las consignaciones y celebrar las contratas entre emancipados libertos y consignatarios. Según el artículo viii de la Ordenanza, dicha junta se convertiría en el órgano principal de toda reclamación, ya que al oír la queja presentada debía dar notificación al Gobierno Superior. Por esto, en los procesos legales recogía todos los documentos -consignación, alquiler, cartas de pago y cédula de seguridad- que debía presentar el patrono para confrontar esos datos con aquellos depositados en su archivo.

Para 1871, ante la ley de “Vientres libres” promulgada el año anterior prescribiendo la manumisión gradual de los esclavos y la libertad de los emancipados, se consideró conveniente el desmantelamiento de la Junta. Sin embargo, para esta fecha, el número de reclamaciones, la persecución de fraudes y la formación de censos que llevaba implícita dicha ley incidieron en su permanencia como institución.¹⁹ Por su parte, la subordinación de las Audiencias a la Capitanía General trajo innumerables conflictos sobre variados elementos, como por ejemplo la responsabilidad de declaratoria de emancipación de los africanos liberados. De ahí que en estas instituciones se gestionó el menor número de reclamaciones de emancipados en el periodo de estudio de esta investigación.

El Depósito fue otra de las instituciones que desempeñó un rol fundamental en los procesos legales de emancipados, ya que éstos debían ingresar inmediatamente al presentarse en cualquier juzgado. Los emancipados residentes en la ciudad de La Habana eran enviados al Depósito Central de Emancipados,²⁰ mientras que aquellos que se encontraban en otras regiones del país fueron ubicados en los depósitos de cimarrones de dichas regiones, así lo demuestran los expedientes de casos en Pinar del Río, Matanzas, Santi Espíritus, por ejemplo.

Después de constituida la Junta Central Protectora de Libertos, creada por la Ley del 4 de julio de 1870, el Gobierno determinó desprenderse de las atribuciones que venía ejerciendo referida a la protección de los emancipados. El 30 de julio de 1873 fueron extraídos los que quedaban en el Depósito Central de Emancipados, entregándose la llave del mismo a su dueño en agosto de 1873.²¹ Entonces, ¿hacia dónde fueron trasladados los africanos que aún se presentaban con motivo de cesión de patronato, devoluciones o procesos de reclamaciones que para la década del setenta existían? Las fuentes documentales evidencian contrataciones de inmuebles para que funcionaran como depósitos provisionales en otras zonas de la ciudad.²²

Es preciso aclarar que en el análisis de los procesos de reclamaciones no se puede determinar si el emancipado que llega al depósito, por esta razón, resultaba consignado o era enviado a otros espacios laborales hasta llegar a una solución sobre su reclamación. Sin embargo, el licenciado José Espárrago y Cuéllar en la reforma para el Ramo de emancipados que presenta al capitán general, en 1867, expresa:

[...] los bozales están peor cuidados y educados en los depósitos, que cuando están consignados [...] ¿Y qué diré si los emancipados existentes se recogen en los depósitos, y se les hace trabajar por cuenta del Gobierno, pagándoles seis o siete pesos mensuales a cada uno, cuando los negros libres o esclavos ganan veinte y cinco o treinta?²³

Es interesante resaltar la idea que apunta don José Espárrago y Cuéllar sobre la actitud tomada por parte del Gobierno con aquellos emancipados que se “recogen” y son ubicados en los depósitos. Todos los consignatarios de emancipados en procesos de reclamaciones dejan de abonar las cuotas anticipadas correspondientes a los semestres establecidos. En 1856, por ejemplo, el Gobierno dejó de percibir por este concepto 10 000 pesos.²⁴ Las consignaciones de aprendices, alquileres de jornaleros, contrataciones de libertos también fueron un negocio para los capitanes generales.

Las acciones legales

Las historias personales muestran las múltiples estrategias o caminos emprendidos por algunos emancipados, quienes no aceptaron con docilidad el negocio articulado a su alrededor. La historia de José de Calazans, filiado con el número 202 de la captura del barco negrero “Negrito” y destinado al servicio de las oficinas de la Junta de Fomento, podría ilustrar ese camino desesperado. Próximo a cumplir el fin de su periodo de aprendizaje, decidió suicidarse, el 16 de septiembre de 1850, arrojándose de los corredores de la casa de la Junta al patio. La institución había decidido prorrogar su consignación.²⁵ Pero más allá de esta solución extrema, los emancipados también ingeniaron diferentes maneras de negociación y desarrollaron diversas estrategias de resistencia para alcanzar su libertad y reclamar sus derechos.

El emancipado transitó por un proceso de transformación al compartir espacios laborales comunes con el estamento esclavo. Fueron capaces de comprender por sí mismos que su situación era diferente. Por esto, para ser reconocidos o lograr un cambio en su estatus jurídico, parte de los emancipados comenzaron a utilizar otros caminos o estrategias. Sus testimonios, en los expedientes del Archivo Nacional de Cuba, son un capítulo desconocido para el estudio del proceso de emancipación en Cuba. Estas historias de vida evidencian sus luchas para lograr que se reconocieran los derechos que les pertenecían.

En el conjunto de las acciones legales, en esta base de datos sólo fueron insertadas aquellas reclamaciones, documentadas en el Archivo Nacional de Cuba, que fueron protagonizadas por los emancipados. Es importante aclarar también que a lo largo del estudio se analizaron otros procesos legales formalizados por consignatarios o corporaciones. Las demandas no sólo fueron radicadas en la ciudad de La Habana -las cuales representan el mayor número-, sino que se presentaron en otras regiones de la isla como Pinar del Río, Matanzas, Santi Espíritus y Villa Clara.

Sin embargo, la información de estos expedientes permitió dibujar un panorama diverso y complejo de la vida de los emancipados y de sus posibilidades de reclamaciones ante los tribunales, explicar algunas peculiaridades que se observan en los procesos, tales como el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso hasta el dictamen de sentencia, las causas que motivaron las distintas reclamaciones, los objetivos que perseguían los emancipados, las posibles soluciones o sentencias dictadas y las estrategias de los consignatarios demandados. En las fuentes existe un conjunto de casos bien documentados, aunque las brechas en la documentación no permiten visualizar algunos de estos elementos sociales.

Los procesos de reclamaciones podían demorarse por varios meses. Desde el punto de vista formal, el procedimiento incluía nombramiento de dos testigos de asistencia y del inspector de Vigilancia; levantamiento del acta donde quedara reflejado la instancia de la reclamación, el día y hora del caso y la previa citación a los consignatarios; el juramento de fidelidad en las declaraciones de los testigos, instructores, emancipados y consignatarios; la recogida y el ingreso del emancipado demandante en el depósito; la presentación por parte del consignatario de todos los documentos relativos a la consignación; el proceso de las declaraciones, tanto el emancipado como el consignatario, para lograr reunir todas las evidencias posibles y, por último, el reconocimiento de filiación y demás señas particulares. Pero también la dilatación de los procesos dependió, en muchas ocasiones, de la tardanza en la presentación de los documentos que se hallaban en manos de los consignatarios, pues éstos, por lo general, no residían en los mismos lugares, y a veces se encontraban fuera de la isla; algunos habían fallecido, y la documentación estaba en manos de sus apoderados. En otros momentos, se realizaron traspasos sin conocimiento del Gobierno.

En el proceso de las declaraciones, el emancipado debía aclarar un sinnúmero de interrogantes, como por ejemplo el nombre del buque de la expedición en que había sido trasladado a la isla, nombre del capitán, número de filiación, lugar por donde se efectuó el desembarco y fecha del mismo, así como dar a conocer los nombres de algunos de los compañeros de la expedición, nombre de la persona a que fue consignado, y en caso de haber cambiado de patrono, al presentar la reclamación, debía decir el tiempo de permanencia con otros consignatarios. Algunas de las preguntas que se hacían durante los interrogatorios referían cuestiones a las que generalmente no siempre los africanos esclavizados podían responder, sobre todo aquellas aludidas a las expediciones negreras.

Imagen 1

Fragmento de interrogatorio a un emancipado

Fuente: Archivo Nacional de Cuba, f. Misceláneas de Expedientes, exp. Co, leg. 3656, 1867.

Como se puede observar en la Tabla 2, el periodo 1867-1870 fue el de mayor número de reclamaciones en sus diversas tipologías. En primer lugar, la primera gran reforma del sistema de administración judicial en la sociedad cubana -en 1855- no sólo tuvo un impacto directo en las demandas judiciales de esclavos, sino también en el grupo de los emancipados. Unido a esto, en este lapsus se dio a luz una nueva política sobre el tráfico ilegal de esclavos que insertó una dinámica diferente. Como se ha explicado, la renovación institucional-legislativa y las disposiciones para poner fin a la práctica de las consignaciones y en su lugar establecer los contratos incidieron en el crecimiento de las estrategias legales de emancipados.

Al mismo tiempo, esta política estaba aún muy lejos de completar uno de los principales mandatos de los tratados firmados con Gran Bretaña en 1817 y 1835: dar libertad a los africanos capturados. Esta política se encontró con una cruda realidad. Eran muchos los abusos que se cometían, pues se desconocía el paradero de un número significativo de emancipados, la residencia de sus últimos patronos registrados, la pérdida de la documentación en los diversos depósitos y los obstáculos que ponían los consignatarios para terminar con la concesión. Otra de las estrategias utilizadas por los emancipados, como paso previo para alcanzar sus derechos, fue la fuga; razón por la cual ésta se transfigura en acto jurídico posterior. De los casos estudiados, existe una pequeña representación de emancipados fugados que se acercan a los tribunales.

Las reclamaciones de quejas y solicitudes de cambio de patrono o de destino constituyeron el tipo de demanda a la que más acudieron los emancipados. Estos procesos responden al desacuerdo entre éstos y las conductas desplegadas por los consignatarios, y revelan, por tanto, ciertos detalles sobre las condiciones de vida en los diferentes destinos en los que se podían encontrar emancipados. De ahí que múltiples hayan sido los motivos para presentar sus quejas contra los consignatarios. La extensión de contratos ya concluidos, el incumplimiento en el pago de las mensualidades, el cobro de cartas de libertad, las amenazas de enviarlos al ingenio, el aumento de la jornada e incremento de las labores y la intimidación con la retención por parte del patrono de los párvulos de madres emancipadas fueron algunas de estas causas. Esta última se evidencia en la instancia presentada por Julia filiada con el núm. 722 de la captura de “Cayo Sal”, quien testifica que su patrona doña Beatriz González le ha manifestado quitarle a su hija Benita para que pudiera trabajar más.²⁶

En el caso del emancipado Primo, filiado con el núm. 6 de la captura del “Santa María”, quien se presentó ante las autoridades expresando “que su patrono Don José de Cárdenas O'Farril no le abona los 5 pesos mensuales que le estaban asignados por la ordenanza del Ramo, pues otros compañeros de su expedición ya habían sido declarados colonos”.²⁷ Ante la queja fundamentada, pues ésta había sido una de las expediciones que había sido declarada exenta de la dependencia del gobierno, el tribunal decidió terminar la consignación.

Dentro de estas causas, las instancias por los maltratos, castigos y golpes ocupan un lugar cimero. La emancipada Luciana, conga, filiada con el núm. 144 de la captura del “Segundo Neptuno”, se presentó en el Negociado de Emancipados expresando que su patrona doña Salvadora Rubio “no le daba ropa, zapatos, buena comida ni los tres pesos mensuales a los que tenía derecho”. Alega que “además de planchar y lavar, se le obligaba a ser [sic] las camas y algunas veces fregar los suelos los domingos y únicamente la deja salir 1 vez cada 3 domingos”. Explicaba también que “le pusieron grilletes por tres días al pedirle jabón para lavar la ropa, diciéndole que gastaba mucho por el hecho de estar embarazada”. Al final del proceso, el inspector de Vigilancia, encargado por parte del Negociado de decidir la sentencia luego de las evidencias presentadas, ingresa a Luciana en el Hospital de Paula a servir en la lavandería de ese asilo por un periodo de dos meses. Luciana fue enviada a esta institución para pasar un tiempo de corrección por infundir “falsas” quejas contra su consignataria.²⁸

Una de las sentencias para este tipo de reclamaciones, como el caso de Luciana, fue enviar a los hospitales, obras públicas o instituciones benéficas a los africanos liberados para que pasaran un tiempo de corrección. Se estipuló un periodo que oscilaba de quince días hasta un año. En los primeros treinta años de existencia de este grupo hay registrados un pequeño número de expedientes de emancipados que fueron enviados para la Junta de Fomento a trabajar en las cañerías del Husillo, en los trabajos de construcción de simples caminos y del Camino de Hierro (Ferrocarril). No obstante, es importante aclarar que, para estos años, tal mediada reflejaba algunas de las opciones utilizadas por los patronos como castigo por algún tipo de insubordinación de los emancipados ante el trabajo. Para las dos décadas finales aparecen algunos emancipados que demandan a sus consignatarios ante los tribunales, y en 1855 se estableció que, en caso de fuga, los que fuesen apresados también serían destinados a las obras públicas.

La emancipada Lucía, filiada con el núm. 4969 de la captura del “Tercer Neptuno”,²⁹ se presentó en el Negociado de Emancipados expresando que su patrona “no le daba bastante de comer, la castiga mucho y no la vestía adecuadamente”. Después de realizadas la averiguaciones pertinentes se comprobó que los golpes del brazo derecho y la oreja izquierda fueron inferidos por doña Bárbara Entralgo, la cual alegaba que Lucía había sido merecedora de éstos por causa de su desobediencia a las tareas que le había encargado. A pesar de existir evidencias del maltrato recibido en el cuerpo de Lucía, se decidió devolverla a su patrona, advirtiéndole que en lo sucesivo se abstuviera de castigar a ningún emancipado, empleando el látigo, por estar expresamente prohibido en las obligaciones que contraen los patronos, reflejadas al dorso de las consignaciones. Lo decidido dejaba la puerta abierta para otro tipo de castigos. Es importante señalar que en caso de reclamaciones por maltratos de los patronos era necesario que durante el proceso también estuviera presente un médico para que realizase un reconocimiento, plasmado en certificación del posible castigo.

Testimonios como los de Luciana y Lucía revelan otro detalle interesante: los consignatarios, lejos de instruirlos y moralizarlos, se creyeron con el derecho de maltratarlos y castigarlos. Algunos autores tratan de justificar tales conductas. Según la opinión del licenciado José Espárrago Cuéllar, al exponer que “como el consignatario paga su dinero al Gobierno por los emancipados que le entrega, es disculpable por cualquier exceso que cometa para hacer que su dinero le produzca más dinero”.³⁰ Los documentos de consignaciones o contratos para los consignatarios, en su Artículo núm. 7 definían la Jurisdicción disciplinar que éstos podían ejercer sobre los emancipados. Los maltratos sexuales fueron otro de los abusos que se cometieron con las mujeres emancipadas.

Luisa conga -en su país Yumba-, filiada con el núm. 5128, de la captura del Tercer Neptuno, también es otra de las emancipadas que intenta quejarse y así negociar una mejor situación, no sólo para ella sino también para su hijo. En 1867, cuando se encontraba hacia tres años al servicio de don José Castroman, se presenta en el Negociado de Emancipados reclamando que se le dé por terminada la consignación en esta casa y se disponga su ingreso en el Depósito Central. Según las declaraciones de la propia Luisa, “la esposa de Don Castroman la maltrataba por haber tenido un hijo de 1 mes con dicho patrono”. Este pequeño había sido resultado de los abusos sexuales que había sufrido. Luisa logró conseguir un cambio en su situación al obtener una solución favorable a su petición.³¹

Dentro del grupo de las estrategias legales, el 41% de los expedientes se correspondía con los dedicados a probar la condición de emancipados y los de solicitud de su libertad. En el contexto de la década del sesenta, esto suponía la posibilidad de quedar “libres de contratarse bajo la intervención del Gobierno”, pues a lo largo de todo el periodo hubo cierta resistencia para declarar a los emancipados exentos de la dependencia del mismo.

Entre reclamaciones: la historia de Mariana

La historia de vida de la emancipada Mariana Bravo, soltera, natural de áfrica de 30 años de edad y de oficio cocinera, es uno de los casos bien documentados que utiliza el canal institucional para lograr el reconocimiento de su condición jurídica. En 1878, cuando por más de dos décadas se encontraba al servicio de don Luciano Bravo, se presenta ante el teniente gobernador de la ciudad de Trinidad reclamando su carta de libertad, pues ésta se consideraba de la clase de emancipados.³²

Resulta importante destacar que el espacio trinitario no es como la ciudad de La Habana, lo cual podría ser un indicador que ayudara a Mariana a lograr una sentencia a su favor en una fecha tan tardía cuando se venía pensando seriamente la necesidad de abolir la esclavitud. Cuando la trata negrera alcanzaba su punto máximo en el periodo 1852-1862, Trinidad presentaba serios problemas con la mano de obra disponible. La demanda de brazos se evidencia en el incremento del precio de los bozales. De modo que el emancipado representaba una mano de obra muy barata, por debajo del alquiler de los esclavos. Algunos de los distribuidos en la región trinitaria fueron utilizados en obras públicas. Existen evidencias que indican que para concluir, en junio de 1856, el primer camino de hierro desde Trinidad a Casilda fueron empleados emancipados. Muchos otros fueron usados en el servicio doméstico o en tareas de servicio en las ciudades, tal fue el caso de Mariana.³³

El proceso iniciado por Mariana no sólo serviría para definir su condición, sino que también debían ser aclaradas otras cuestiones como la fecha en que el Gobierno Superior de la isla la había declarado exenta de la dependencia del mismo, el nombre del patrono al que había sido consignada una vez dictada la sentencia de su expedición, las causas por las cuales no cumplió el consignatario con la resolución de libertad, así como también la existencia de un posible contrato entre el patrono y Mariana -si había sido libertada-, y los motivos que éste tuvo para no presentarla ante el Gobierno.

La trayectoria de Mariana en busca de su libertad, para poder contratarse como trabajadora libre, se inició con su ingreso, en calidad de depósito, en la Casa de Beneficencia el 21 de junio de 1878. El inspector de Vigilancia y Casa de Seguridad Pública de la ciudad debió, además, nombrar dos testigos de asistencia. Para este caso fueron nombrados don Benito Besada y don Agustín Romero, ambos mayores de edad y residentes de la ciudad. El primero en prestar declaración en el proceso, con el objetivo de esclarecer el hecho que se tramitaba, fue don Pablo Bravo -apoderado de su señor padre don Luciano Bravo-, natural de Trinidad, de estado soltero y profesión propietario. Dijo que la demandante había sido comprada en 500 pesos, pero que no existía un documento que lo acreditase, pues había sido adquirida de “buena fe”; expone que no tenía inconvenientes en que se le proporcionara su derecho de emancipada, aunque hacía poco tiempo, dos meses, que estaba al tanto de dicha cuestión.

Mariana Bravo fue intensamente interrogada durante dos sesiones, en un juicio que duró casi tres meses. Señaló que “había desembarcado con el nombre de Lemba y que al bautizarla, en la parroquia Mayor de la ciudad por su madrina Doña Josefa Mendoza, fue que le pusieron el nombre de Mariana”. También sabía “que en la ciudad está la morena Constanza Picayo”, de igual condición que ella, y tiene noticias que “un paisano Pio Echemendía, se encuentra en el partido de Casilda”, y “este puede dar razón del nombre de la expedición en que vinimos”. Esto indica que Mariana tenía la posibilidad de salir, conversar, escuchar, tener conexiones con aquellos que vinieron del mismo lugar o en el mismo barco. Partiendo de estas declaraciones, los africanos libres Constanza y Pío fueron testigos en el proceso. Ambos coincidieron en los hechos de conocerse desde hacía 16 a 18 años, por haber sido compañeros de la misma expedición en que llegaron a la isla, aunque no sabían el nombre del barco, pero que según habían oído decir era la expedición de Casilda.

Los esclavizados domésticos, al “convivir con los amos, se influyeron mutuamente, lo que permitió una transculturación mayor que no ocurrió en los cañaverales y barracones. En el hogar de los dueños, amos o consignatarios, estos aprendían mejor y más rápidamente el idioma, asimilaban en parte la religión católica [...]”.³⁴ De ahí que Mariana, al desempeñarse como doméstica, de oficio cocinera por casi 18 años en la casa de la familia de los Bravo, logró una mayor integración. Este contexto también fue propicio para crear una relación provechosa no sólo con su consignatario, sino con otros integrantes de la familia u otros miembros de la servidumbre. Las posibilidades de información, movilidad, integración con otros estratos sociales permitieron que Mariana lograra obtener una resolución a su favor. Basada en este conocimiento, logró acusar a su consignatario y usar la ley para su propio beneficio. Ella misma dice: “Que para que se le diera su carta de libertad puesto que otros de sus compañeros ya la tienen [...].”³⁵ La causa de Mariana Bravo quedó sellada con una resolución que la declaraba como bozal y emancipada. El 4 de julio de 1878 le fue entregada su carta de manumisión.

Es importante señalar que algunos estudios para el caso de Brasil evidencian que muchos de los africanos liberados entraron en los procesos legales para lograr su carta de emancipación, con el objetivo de volver a áfrica por sus propios medios.³⁶ En los casos estudiados no hay evidencias de que los emancipados que lograron su libertad tuvieron la oportunidad de salir de la isla. En el contexto cubano, las estrategias legales en reclamación de la dependencia del Gobierno también dieron la posibilidad a las mujeres emancipadas a defender su doble condición de mujer y madre. El hecho de que la madre sea la responsable de transmitir su condición al estatus jurídico de los párvulos hace que las acciones legales coloquen su maternidad en el centro de la disputa. Según los reglamentos legales, las emancipadas que tuvieren hijos en el momento de su aprehensión, serían consignados con sus madres hasta la edad de quince años, y aquellos que nacieran después de la declaratoria de emancipación quedarían al cuidado de éstas hasta la misma edad, pero sin estar sujetos a la condición de colonos.³⁷

De esta manera, el objetivo de la solicitud presentada por la emancipada Margarita Fusebo para que se le provea su cédula de libre era que sus dos hijos, Manuel y Candelaria, también fueran declarados libres.³⁸ Por su parte, Trinidad, hija de la emancipada Josefa de Jesús filiada, con el núm. 238 de la expedición del “Gerges”, a la edad de 26 años acude a las autoridades en reclamo de su libertad. En su declaración, Trinidad explica que a la edad de 6 años, al fallecer su madre, quedó bajo la consignación de don José Martín como empleada doméstica, y que teniendo ya su mayoría de edad se pone a disposición del Gobierno en aras de obtener su carta de libertad. Alega, además, tres razones fundamentales para presentar su petición: “considera que requiere de las circunstancias necesarias para entrar en el goce de los derechos que tienen las personas libres, considera que de no haber fallecido su madre hubiese sido declara igual que ésta exenta de la dependencia del Gobierno y por último que lograría las condiciones necesarias para atender la crianza de su hijo Salomé de 7 años de edad”.³⁹

En ocasiones, estas condiciones legales hicieron que los patronos renunciaran o no aceptaran la consignación de emancipadas con hijos y pidieran al Gobierno que las cambiaran por varones o por otras mujeres que no tuviesen hijos. Esta práctica fue aplicada por don Ramón Bermejo, quien tenía en alquiler a la emancipada Rosa, filiada con el núm. 288 de la captura de “Santi Spíritus”, y solicitaba su devolución en cambio de la concesión de Pedro, uno de los hijos de la mencionada Rosa.⁴⁰ En el caso de don Esteban Minie, éste se presenta en el Gobierno Superior Civil de la isla para ceder el patronato de Clara núm. 148 de Maniabón. Según su declaración, no le era posible continuar pagando la cuota asignada, por lo que deseaba devolverla con su hijo de 5 meses: Emilio Serafín.⁴¹ Para la década del sesenta se produce un aumento de nuevas prácticas, como la cesión de patronato y devoluciones. Una lectura de estos expedientes evidencia que el mayor número de remisiones fue, precisamente, de emancipadas, sobre todo de aquellas que tenían hijos pequeños.

Las historias expuestas con anterioridad dejan ver cómo los emancipados exigieron sus derechos, levantaron sus voces. Algunos no consiguieron cambiar el curso de sus vidas. Otros lograron ejecutar acciones concretas y conseguir un cambio en su situación.

El alto porcentaje de casos no resueltos pudiera corresponder a la fragmentación informativa, pues muchos expedientes, que deben continuar, no se han localizado a pesar de múltiples esfuerzos. Esta situación de igual forma pudiera originarse en la ineficacia del trabajo de la Junta Protectora de Emancipados. El proceso quedaba inconcluso si no se podía completar con un documento central: el reconocimiento de filiación y demás señas particulares. Era de esperar tal situación, pues la Junta no llenó ni pudo llenar su misión al no poder ejercer las atribuciones que le daba la ordenanza. ¿Cómo podría hacer una renovación general de todos los emancipados dependientes del Gobierno si nunca le fueron entregados, por la Secretaría Política, los registros acabados de las consignaciones de los emancipados capturados en cada momento? ¿De qué manera podría conocer a las personas a quienes se habían consignado los emancipados, si el presidente de la Junta había rubricado consignaciones y contratos en blanco? Por otra parte, si los contratos o asignaciones de aprendices transitaban desde la Secretaría a las casas particulares, ¿cómo se podría saber si la solicitud de contratos era celebrada por el Gobierno, sin intervención de la Junta o cuando ocurría lo contrario? ⁴²

De los emancipados que lograron una solución favorable a sus demandas, el mayor porciento era de mujeres, manteniendo la lógica del sistema esclavista en general: manumitir más mujeres que varones,⁴³ aunque fueran estos últimos los que más se acercaran a los juzgados. Se debe destacar que el número de hombres introducidos en relación al de las mujeres siempre fue mayor, también que los beneficios de tener consignados hombres es un elemento importante para el análisis de este indicador. En los casos consultados, los hombres representan el 66.3% en las reclamaciones intentadas.

Aunque el número de emancipados que obtienen una solución favorable es pequeño, esto revela a un individuo informado, conocedor de sus posibilidades y que se convierte, por tanto, en autor de su propio destino, utilizando los mecanismos creados dentro del sistema. Evidencia, además, el conocimiento de la ley, a partir de las relaciones construidas entre emancipados y esclavos, al estar integrados en los mismos espacios. Afirma que muchos no se quedaron completamente a merced de los acontecimientos que rodearon su vida, sino que fueron activos en sus propios procesos en aras de lograr el reconocimiento de su condición jurídica y defender sus derechos.

Los testimonios de los emancipados implicados aportan otros detalles importantes, como el contexto laboral en que estaban insertados y las situaciones o condiciones alrededor de este entorno las disímiles alianzas formadas, el tiempo de permanencia en la isla.

Los resultados de la Tabla 4 muestran la supremacía de los emancipados consignados en contextos urbanos con respecto a los espacios rurales en los procesos estudiados. Tales contextos fueron el servicio doméstico, las obras públicas, labores en las instituciones gubernamentales o benéficas, en los hospitales o en la limpieza de calles, por mencionar algunos. La ciudad les ofrecía más oportunidades para desplegar diversas estrategias, pues la convivencia con otros estratos sociales les facilitaba el acceso a la información. Los emancipados ubicados en las inmediaciones de la ciudad o en los espacios rurales quedaban fuera del alcance de aquellas instituciones y autoridades encargadas de su cuidado.

Según la ordenanza del capitán general Gutiérrez de la Concha, una de las atribuciones de la Junta Protectora de Emancipados, comisión creada para velar por el trato que debían recibir los emancipados, era designar mensualmente a uno de sus vocales para inspeccionar, al menos una vez por semana, el estado de los emancipados ubicados en el depósito, las condiciones de salubridad y la policía del local. Las observaciones del informe debían ser trasladadas al Gobierno General. La Junta muchas veces no contó con los elementos suficientes para verificar los abusos y negocios que se cometían. En estas inspecciones, los vocales recibían informaciones fraudulentas de los administradores de los depósitos, pues éstos falseaban el número de emancipados para disponer de las raciones de los suministros. La Junta, por su parte, no contaba con los datos estadísticos referidos a los procesos de consignaciones y contratas de emancipados aprendices y libertos, ya que en muchas ocasiones estos procesos se realizaban sin la intervención de dicha Junta.

Pero aun conociendo la residencia de los emancipados consignados o contratados, ¿cómo podrían llegar los funcionarios de la Junta a todas partes? Los emancipados estaban distribuidos en numerosas casas y haciendas de toda la isla, por lo que era imposible que se lograra la pretendida vigilancia de la Junta a todos éstos. Para el licenciado Cuéllar, la solución era “que los individuos de la junta se metiesen a fiscalizar el interior de las familias, o que estuvieran constantemente recorriendo y visitando las fincas donde trabajan”. Pero también añade que “tenían además estas juntas protectoras otros cargos y atribuciones.”⁴⁴

De ahí la importancia del ámbito laboral en el que se hallaban los emancipados que desarrollaron procesos legales. Sin embargo, el aproximado 10% que se encontraba en espacios rurales y que llegaba a los procesos judiciales muestra que algunos desarrollaron sus propias estrategias de emancipación al salir de los ingenios, vegas de tabaco o potreros para aprovechar ventajas que les ofrecían las ciudades. La proximidad de los consignados en espacios urbanos propició, además, que en múltiples ocasiones los emancipados se agruparan y desarrollaran demandas colectivas. Es cierto que la mayor parte de las reclamaciones en los expedientes analizados son demandas individuales, pero resulta significativo resaltar los casos de historias colectivas, pues éstas evidencian una acción organizada.

En 1867, un grupo de 13 emancipados que estaban a cargo de la Casa de Gobierno reclama su libertad. Estaban convencidos de sus derechos, y así lo exponen: “según costumbre muy antigua todos los Capitanes Generales de esta Isla, al dejar este importante mando, dan la carta de exención a los emancipados que durante aquel mando habían estado a su servicio y al fallecimiento de Joaquín [refiriéndose al capitán general, el señor gobernador Joaquín del Manzano y del Manzano (1866-1867)] no se la habían otorgado”.⁴⁵ Esta experiencia de algunos de establecer demandas colectivas también evidencia que entre éstos se fueron creando determinados lazos de solidaridad.

Otro ejemplo de gran relevancia por el número de emancipados que se agrupan en reclamo de su libertad para contratarse libremente es el de los 65 emancipados consignados a los trabajos del Canal de Isabel II, que en 1871 quedaban laborando en estas obras.⁴⁶ Existen casos documentados y reconstruidos en los estudios de Brasil en los que las demandas colectivas demuestran que la declaración e influencia de la identidad étnica se usó en la articulación de los grupos y constituyó un importante instrumento en la lucha de los africanos liberados para obtener la condición de libres.⁴⁷ En la pesquisa que se presenta ha sido imposible realizar esta reconstrucción. Por otra parte, las demandas colectivas estudiadas resaltan otra variable significativa de éstos: el tiempo de permanencia de los emancipados en la isla.

Un pequeño cálculo entre la fecha de la captura e inicio del proceso evidencia que un gran número de los presentados ante los tribunales llevaban más de diez años en Cuba. Era éste un aspecto importante para la negociación, en tanto ofrecía un mayor conocimiento de todo lo relativo a su condición. Por otra parte, resultó difícil hacer una compilación que reflejase el monto por cada una de las expediciones a las que pertenecían. En los procesos de reclamaciones iniciados en la década del sesenta se presentan emancipados de las embarcaciones capturadas antes de 1841.

Gráfica 1

Emancipados por tiempo de permanencia en la isla

Fuente: Archivo Nacional de Cuba (ANC), f. Misceláneas de Expedientes, exp. Z, leg. 3659, 1871.

El procesamiento de ejemplos como los expuestos no permitió visualizar con profundidad el impulso dado por los cónsules ingleses radicados en la isla, a las reclamaciones legales por lo menos después de la década del cincuenta. Asimismo, resultó difícil hacer una compilación que reflejase el monto de cada una de las expediciones a las que pertenecían los emancipados envueltos en las acciones legales. A su vez, no fue posible hacer una reconstrucción de la influencia de la identidad étnica en los procesos de reclamaciones. No obstante, las experiencias de vida recogidas en las historias personales que relatan los expedientes encontrados en el anc nos acercan, por un lado, a las dificultades u obstáculos que afrontaron los emancipados en los procesos legales para lograr la efectividad de sus reclamaciones; por otro lado, al conocimiento que fueron adquiriendo sobre los procedimientos y las disímiles alianzas formadas entre éstos y demás esclavizados para crear, establecer lazos sociales y gestionar información que definieran sus propias estrategias.